Zapatero irrumpe en la batalla de Caja Madrid y rompe la estrategia de Aguirre

Durante meses fue una guerra abierta entre los dos sectores del PP madrileño, liderados por Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, que Mariano Rajoy no conseguía controlar. El PSOE se colocó siempre más cerca de la presidenta madrileña -llegó a promover la expulsión de un dirigente socialista que votó con los gallardonistas-, aunque mantuvo cierta distancia absteniéndose en la mayoría de las votaciones.

Pero, desde ayer, la batalla de Caja Madrid, la cuarta entidad financiera del país, con 260 millones de euros de volumen de negocio y siete millones de clientes, se ha convertido en una auténtica guerra política de alto nivel. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Cajas de Madrid que los aguirristas habían modificado para controlar más claramente la institución y echar al díscolo Miguel Blesa, el presidente, colocado ahí por José María Aznar en 1996.

El golpe de autoridad de Zapatero desbarata por completo la estrategia de Aguirre y da la razón a Gallardón, que con la nueva ley perdía 46 de sus 70 representantes en la asamblea general de la entidad. El recurso suspende la aplicación de la nueva norma durante cinco meses, con lo que las elecciones, en mayo, de los 320 miembros de la asamblea general se regirán por la norma anterior.

El Gobierno lanza así dos mensajes. Primero, al PP: es Zapatero, y no Rajoy, quien va a resolver por la línea recta la batalla por el control de la caja. Todas las fuentes del PP que siguen la negociación tenían claro que el candidato a la sucesión de Blesa -muy quemado por esta batalla y los 12 años de mandato- tendrá que salir de un pacto entre el PP y el PSOE. Pero ahora ha quedado claro que el Gobierno no piensa seguir la polémica sin actuar. El segundo mensaje, según varios de los negociadores, es para las cajas y los gobiernos autonómicos de todo el país. En un momento de grandes turbulencias, que auguran caídas y fusiones, el Ejecutivo ha dejado claro quién manda en la economía española y ha demostrado que no va a tolerar que los gobiernos autonómicos resuelvan los problemas por su cuenta.

El Ejecutivo sostiene que la decisión es estrictamente técnica porque el Consejo de Estado y la Abogacía del Estado recomendaron el recurso, con lo que no había margen de actuación. El recurso, según explicó ayer el vicepresidente Pedro Solbes, era obligado porque la nueva norma altera la proporcionalidad que marca la ley de bases de las cajas (LORCA). Por tanto, Aguirre habría violado la Constitución al invadir competencias estatales, según figura en el texto. La reforma daba mucho más poder al PP, se lo quitaba a IU y al PSOE. Ayuntamientos como el de Barcelona -donde la caja tiene muchas oficinas y por tanto también representantes-, controlado por los socialistas, pasaban de 8 a 1 representantes mientras Majadahonda, en manos de aguirristas, pasaba de 1 a 14.

Solbes comentó tras el Consejo de Ministros que consideraba "un poco chocante" que, una vez iniciado el proceso electoral en Caja Madrid, "se hayan cambiado las normas".

La noticia dividió rápidamente al PP, como ha sucedido siempre con cualquier novedad en esta larga y encarnizada batalla interna por el control de Caja Madrid. Mientras la mano derecha de Gallardón, Manuel Cobo, mostraba su satisfacción porque en su opinión el Gobierno "comparte los criterios del Ayuntamiento de Madrid", el responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, el negociador de Rajoy en este asunto, consideró que el recurso es "una injerencia inaceptable" y una "provocación", que fue realizada "sin consultar al principal partido de la oposición".

La posición de Rajoy ha quedado muy deteriorada porque mientras Zapatero le urgía el miércoles en el Congreso a resolver el conflicto de Caja Madrid, ha sido finalmente el presidente el que ha zanjado la partida sin la participación del líder de la oposición.