Un acto decisivo en el salto a la democracia
La legalización del Partido Comunista, hace ahora 30 años, fue un acto decisivo para lograr el salto desde la dictadura franquista a un sistema democrático. Resultó una decisión difícil de tomar porque el franquismo, que sostenía a EE UU en la guerra fría, intentaba prolongar su permanencia en el poder, presentando su victoria en la Guerra Civil no como lo que en realidad fue -el aplastamiento de la República democrática- sino como la derrota del comunismo internacional. Cuarenta años después de la contienda, el "anticomunismo" seguía siendo el pretexto para mantener secuestradas las libertades del pueblo español y una brutal represión. Pero en el momento en que se inicia la transición la realidad era muy distinta: un país donde los trabajadores y los intelectuales pugnaban por conquistar la libertad y donde los empresarios se daban cuenta de que la dictadura había devenido un obstáculo para su incorporación al nuevo desarrollo del capitalismo europeo y mundial. Se producía así una convergencia puntual entre clases y sectores sociales diversos y opuestos, de los que se dan raramente en la historia, que fue la razón y la base de un consenso excepcional, de una difícil reconciliación entre los dos bandos que se enfrentaron en la Guerra Civil.
El 'eurocomunismo' del PCE le hizo ganar una simpatía generalizada en la izquierda europea
Durante un largo periodo, el Partido Comunista de España había llegado a identificarse como el partido del antifranquismo. En el curso de la Guerra Civil se caracterizó por defender hasta el último día el concepto de República democrática y el orden republicano, incluso en medio de la revolución popular desencadenada por la sublevación franquista. Y ya tras la derrota, el Partido Comunista mantuvo su acción en los términos de la lucha por la recuperación de la democracia y muy pronto, en 1956, definió ampliamente una política de reconciliación nacional que iba a ser, llegado el momento, la clave del cambio. El Partido Comunista pudo mantenerse activo en esas condiciones excepcionales por su capacidad para desenvolverse en la clandestinidad gracias al sacrificio heroico de una militancia abnegada, forjada, primero en la Guerra Civil y reforzada después con la aportación de los resistentes más esforzados surgidos de las nuevas generaciones. Así, en un periodo en que las dificultades objetivas de la acción clandestina, junto con el freno derivado de la posición ante la guerra fría, hacía que otros partidos democráticos, sin tanta capacidad combativa, desaparecieran organizativamente, el PCE resultó ser la fuerza en mejores condiciones para desarrollar iniciativas y movimientos de masa, en los que se lograba unir a sectores sociales diversos, que contribuyeron a desgastar la dictadura. De esta suerte, al producirse la transición, en la calle, la fuerza que aparecía jugando un papel hegemónico en lo que había de antifranquismo realmente activo fue el Partido Comunista.
Un factor importante en aquel momento y que actuó de forma favorable a la legalización fue el hecho de que el PCE había conquistado una simpatía generalizada en la izquierda europea, por su campaña eurocomunista llevada a cabo conjuntamente con los PC italiano y francés. El PCE era reconocido internacionalmente como un partido democrático y nacional, que se debía a su propio pueblo. Líderes socialistas como Mitterrand, en Francia, o Nenni, en Italia, reconocían su papel e incluso líderes de la Democracia Cristiana italiana, como su secretario de entonces, Zacagnini, mantenían con nosotros una relación amistosa y cordial y apoyaban nuestra legalización.
Prueba de esa actitud de la izquierda europea e incluso de muchos demócratas fue la reunión del Comité Central del PCE en Roma, en el verano de 1976. Esa reunión estuvo arropada por todos los partidos del arco parlamentario de aquel país, con la sola excepción del MSI, una prolongación del fascismo mussoliniano. En esa reunión participaron como invitados representantes de la oposición democrática española, que lo hicieron de manera abierta.
Es indudable que en los primeros planes de lo que se llamó la Reforma no figuraba la legalización del PCE. El cambio sólo alcanzaba al PSOE. Pero en el año 76 y 77, el PCE salió a la superficie con toda su vitalidad, que entonces era considerable. En el entierro de los abogados laboralistas de Atocha realizó un despliegue de fuerza de manera muy responsable y serena, que convenció a los principales responsables del movimiento de reforma de la inevitabilidad de legalizarnos. Adolfo Suárez, con Landelino Lavilla, Martín Villa, Alfonso Osorio y el general Gutiérrez Mellado -principalmente-, con el apoyo del Rey, asumieron esta tarea no fácil. Al hacerlo, Adolfo Suárez aseguró el éxito de la transición democrática, tuvo el valor de asumir lo que era una ruptura profunda con los ultras del franquismo, que a partir de esto nunca le perdonaron el papel decisivo que desempeñó en la recuperación de la democracia.
De este modo, la participación del PCE, con su experiencia y su madurez política, en la transición, fue más importante que la de otros partidos que después han gobernado en el régimen democrático. Que el PCE no haya seguido teniendo después la influencia que poseía en ese momento ya no es el objeto de este artículo.
En todo caso, me parece indiscutible la legitimidad con que los militantes del PCE podemos reclamar el reconocimiento de un papel notable, en la consecuencia del régimen democrático que hoy posee España.
Santiago Carrillo, ex secretario general del PCE.
