Dos años y nueves meses de cárcel para el neonazi Pedro Varela

Un año y tres meses de cárcel por un delito de difusión de ideas genocidas y otro año y medio de cárcel por atentar contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución. Esas son las penas que ha impuesto el Juzgado de lo Penal 11 de Barcelona al propietario de la librería Europa, Pedro Varela, que ya había sido condenado anteriormente por hechos similares.

En esta ocasión, sin embargo, la juez Estela Pérez Franco ordena en la sentencia el comiso de todos los libros empleados para cometer esos delitos y de todos los objetos relacionados con ese comportamiento delictivo: el busto de Hitler, la esvástica de hierro que había en la librería, los cascos militares, así como carteles nazis intervenidos en la operación policial que dio origen al proceso. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia de Barcelona, pero la juez acuerda que, cuando sea firme, se destruyan todos esos objetos. El resto de enseres personales intervenidos le será devuelto.

Varela se presentó en el juicio como lo ha hecho siempre, como un simple librero, pero la sentencia considera que las obras que comercializaba recomiendan la segregación racial y suponen "un menosprecio al pueblo judío y otras minorías". Se trata de libros "unidireccionales en cuanto a su contenido, con una absoluta falta de pluralidad" y "dirigidos hacia una única línea de pensamiento", dice la juez.

En otro fragmento de la sentencia se asegura que los libros neonazis que vendía Varela "hacen responsable de los males del mundo al pueblo judío; se dice que las personas de raza negra son inferiores; que la mejor forma de respetar las razas es la segregación; que el mestizaje traerá la desaparición de la civilización, tal y como ocurrió en Roma o en Grecia; que las mujeres no deben tener los mismos derechos que los hombres". Varela fue el primer ciudadano al que la justicia condenó en España por estos hechos, tras la reforma del Código Penal de 1996, a penas que sumaban cinco años de cárcel. Sin embargo, agotó todos los recursos posibles y el Tribunal Constitucional redujo la condena a siete meses y sentenció que la negación del genocidio no era delito. En este juicio, el fiscal especial contra la discriminación, Miguel Ángel Aguilar, solicitaba para él penas que sumaban cuatro años de cárcel.