El 'arrepentido' del 'caso Andratx' pacta con el fiscal cinco años de pena máxima

La Fiscalía Anticorrupción negoció y pactó una posible pena máxima de cinco años de prisión para el acusado arrepentido del caso Andratx, el inspector celador de obras de ese Ayuntamiento balear y promotor inmobiliario Jaume Gibert, socio del principal implicado, el ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo. El funcionario municipal se autoinculpa, destapa la trama y acusa. Y por ello será juzgado con Hidalgo y otros imputados en mayo, en el primero de la serie de 70 posibles juicios de esta causa por corrupción urbanística destapada en noviembre de 2006. Al final de la causa, Hidalgo y Gibert podrían recibir peticiones de penas superiores a las dos decenas de años de cárcel cada uno, pero el pacto de arrepentimiento está escrito.

El primer juicio se celebrará en mayo contra los cuatro principales acusados

El arrepentido Gibert sabe lo que es estar entre rejas. Fue detenido con Hidalgo y ambos estuvieron presos preventivamente durante 66 días, en dos periodos. Gibert afronta en la primera vista una petición de seis años de cárcel por dos delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio. Seguramente acabará en prisión, pero se beneficiará de la atenuante de la muy calificada colaboración con la justicia. Gibert obtendrá la rebaja de dos grados en la pena que se le acabe imponiendo gracias a su declaración judicial de autoinculpación y confesión de supuestas complicidades con otros imputados.

En la primera semana de mayo de 2008, con Gibert e Hidalgo se sentarán en el banquillo Jaume Massot, el tercer hombre del caso (detenido pero sin pasar por la cárcel), que fue cerebro de Urbanismo como director general del Gobierno de Jaume Matas y funcionario de Andratx, así como el abogado municipal Ignacio Mir. Por sus informes irregulares, a Massot se le reclaman dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público por un tiempo de 10 años, y para Mir, un año de prisión e inhabilitación durante 10 años.

Con la perspectiva de poder pasar años en la cárcel por la suma de posibles condenas, Gibert se implicó en la oferta de colaboración que le ofreció la Fiscalía Anticorrupción. En un relato bajo total secreto sumarial, asumió la culpabilidad: ser autor en una trama de corrupción sobre licencias ilegales y posibles negocios corruptos. Reconoció los hechos y señaló qué actuación tenían los otros imputados, en especial, el ex alcalde.

La formalización del arrepentimiento ocurrió antes de la campaña electoral y quedó fuera de la polémica política gracias al secreto judicial. Se celebraron semanas de negociaciones con los fiscales de Palma Juan Carrau, Pedro Horrach y Adrián Salazar, y el pacto se garantizó con la firma y el aval del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas.

Según la acusación de la fiscalía, Hidalgo, Gibert, Massot y otros "se concertaron al efecto de idear, planificar y ejecutar las actuaciones fácticas y administrativas" irregulares. El celador estaba comprometido: era los ojos vigilantes de la normativa urbanística en uno de los municipios más caros -y más destrozados- de Mallorca; tiene yate y coches de lujos, casas con jardines, pisos en el casco de Palma y en la orilla del mar en Sa Ràpita. Gibert hacía negocios en Andratx con el alcalde Hidalgo y otros promotores, y tramitaba certificados para facilitar nuevas licencias "radicalmente contrarias" a la normativa, dice el fiscal.

Una de las obras ilegales Gibert la veía desde su despacho en el Ayuntamiento. Era la casa del alcalde, construida en un terreno de 3.000 metros cuadrados -cuando se requieren 50.000- gracias a un certificado falso de que allí se había levantado antes un establo. La fiscalía explica que Gibert, pese a saber y contemplar diariamente esas obras, "no realizó acto alguno tendente a impedir la edificación de la vivienda ilegal, omitiendo su obligación legal de perseguir obras ilegales y delictivas".

La versión de Gibert ha revelado nuevos hechos supuestamente delictivos, por los que el juez instructor da decidido abrir dos nuevas causas. Una afecta a la ilegalidad de los sótanos del hotel de lujo Dorint de Camp de Mar, obra ya multada con 180.000 euros.

Un centenar de personas están implicadas en las causas del caso Andratx, el mayor escándalo político de Baleares, que acumula 70 piezas separadas o investigaciones diferentes. Las dos nuevas causas permanecen bajo secreto, en el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, que se ha quedado sin el juez titular.

Rafael Perera, defensor de Hidalgo, muestra su perplejidad ante el pacto secreto. "Es una situación anómala, inédita en mis 50 años de estar en el andamio judicial. Supongo que los dos nuevos expedientes afectan a mi cliente". "No hemos tenido ninguna relación conspirativa ni económica con Jaume Gibert y Jaume Massot", manifestó el abogado de éste, Miquel Capellà. "Por ello no nos preocupa lo que haya podido declarar, si se ajusta a la verdad, sobre Massot. Ignoramos los extremos de declaración. Debemos conocerla obligatoriamente antes del primer juicio, en el mes de mayo", concluyó.

Gibert ha destapado la trama interior sobre las supuestas ilegalidades en las concesiones de licencias en suelo prohibido y ha dado datos, cifras y fechas (su versión) sobre las maniobras presuntamente corruptas que se cometían en el seno del Ayuntamiento, en el departamento de Urbanismo. Su socio en operaciones sobre solares y construcciones en el mismo término fue el propio alcalde Hidalgo.