El arzobispo de Granada vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados

La segunda sesión del juicio contra el arzobispo de Granada, monseñor Francisco Javier Martínez, el primer prelado español que se sienta en el banquillo de los acusados tras ser denunciado por otro sacerdote de injurias, calumnias, acoso moral, lesiones y coacciones, ha arrancado esta mañana con la declaración de algunos testigos y menos seguimiento mediátio que la primera sesión.

El sacerdote querellante, Francisco Javier Martínez Medina, ha sido el primero en llegar a los juzgados, donde poco después ha hecho acto de presencia el arzobispo, Francisco Javier Martínez. En la vista de hoy está previsto que una decena de testigos y peritos comparezcan ante el titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada, Miguel Angel Torres, quien instruyó la conocida "Operación Malaya".

El primero en declarar ha sido el deán de la catedral de Granada, que ha sido propuesto como testigo por la Fiscalía. Durante las tres horas que ha durado su testimonio, el deán ha dicho que si un clérigo "se rebela" ante su arzobispo "pueden venir apariencias de coacciones", si bien ha negado que el prelado, Francisco Javier Martínez, amenazase en ningún momento a Medina.

Además, el fiscal, la acusación y la defensa elevarán a definitivas sus conclusiones antes de que el juicio quede visto para sentencia en la sesión de hoy, en la que el arzobispo podrá ejercer su derecho a la última palabra.

En la primera sesión del juicio, el prelado aseguró que nunca quiso dañar al sacerdote Francisco Javier Martínez Medina, quien acusó al prelado de "humillarle y vejarle". El arzobispo defendió su libertad de actuación como responsable de la Diócesis y afirmó que se siente "víctima de un acoso mediático".

El cura querellante, que compareció como testigo y que pide una multa para el prelado, señaló, por su parte, que la actuación del arzobispo le ha supuesto "un daño personal, sacerdotal y profesonal muy grande" y que se ha visto "humillado" en su "dignidad humana".

La Fiscalía pide la absolución del arzobispo, al considerar que no ha quedado acreditado que el prelado actuara con el ánimo de atentar contra el honor del querellante.