La asociación de Varela y Robles critica el proceso al juez

La asociación judicial progresista Jueces para la Democracia (JpD), a la que pertenecen el instructor de una de las causas contra Baltasar Garzón, Luciano Varela, y la principal instigadora de su suspensión, la vocal del Poder Judicial Margarita Robles, hizo pública una nota en la que muestra su "honda preocupación" por el proceso. El colectivo recuerda que "la causa se abrió exclusivamente a instancias de asociaciones que podrían calificarse como de extrema derecha, herederas ideológicas del franquismo, y en contra de la posición del fiscal, garante público de la justicia y de la legalidad".

JpD respeta la independencia del Supremo y de Varela, pero critica que esas asociaciones -Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange- hayan abierto un proceso penal "para conseguir sentar en el banquillo al único juez de este país que, a instancias de familiares de desaparecidos durante la represión franquista, ha tratado de articular una respuesta procesal penal adecuada" a sus demandas.

También subraya "que numerosos juristas de prestigio manifestaron fundada y públicamente su apoyo a la labor instructora" de Garzón y existen "discrepancias en el seno de la propia Sala Penal de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo". "Nos encontramos ante una actuación jurídicamente discutible y, por lo tanto, no opuesta frontalmente a la legalidad".

El comunicado recuerda que nadie "ha visto limitados sus derechos por la instrucción" de Garzón, por lo que la asociación no cree que su actuación "pueda merecer el calificativo de prevaricadora cuando precisamente trata, acertada o equivocadamente, de dar respuesta a las peticiones legítimas de familiares de víctimas de crímenes contra la humanidad".

La nota concluye con la reiteración del apoyo "a las víctimas de la represión franquista y sus familias" y a las iniciativas que se creen para su reparación, "en especial la apertura de las fosas diseminadas por todo el país".