La asociación mayoritaria de la magistratura aplaza la huelga de jueces al 8 de octubre

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, ha decidido cambiar la fecha de la huelga que tenía prevista para el 26 de junio y trasladarla al próximo 8 de octubre. De esta forma, coinciden con la convocatoria de huelga que recientemente acordaron para esa fecha las Juntas Generales de Jueces de algunas de las principales capitales españolas.

Antonio García, portavoz de la APM, ha asegurado esta tarde que esta modificación de la convocatoria obedece a un intento de su asociación de dar un plazo superior al Gobierno paran que "asuma y se tome en serio" las reivindicaciones judiciales. García considera que los resultados de las negociaciones que mantienen desde hace meses las distintas asociaciones con el Ministerio de Justicia son claramente "insuficientes" e "insatisfactorias". La APM también responde así a la pérdida de apoyo interno en la judicatura y a una situación en la que algunas Juntas Genearales, entre ellas la de Madrid, no secundaban una convocatoria que tenía cada vez más visos de fracasar.

"Hemos cambiado la fecha parta dar una última y definitiva oportunidad al ministerio para que cumpla con las inversiones que necesita la Justicia española. En septiembre, cuando el Gobierno redacte los Presupuestos Generales, comprobaremos si figuran los compromisos presupuestarios que demandan los jueces", ha subrayado. Tras la retirada de la APM, es previsible que finalmente no haya huelga el día 26. La Asociación Francisco de Vitoria también se ha desmarcado de las acciones de protesta previstas para ese día.

La otra asociación que convocó la huelga de febrero, el Foro Judicial Independiente, celebrará el lunes una reunión para tomar una decisión, aunque es previsible que también se desmarque de la huelga. Este criterio es compartido por la asociación progresista Jueces para la Democracia, que desde un primer momento se ha pronunciado a favor de continuar las reuniones con Justicia sin la dificultad añadida que podría suponer la convocatoria de nuevas protestas.