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Los ataques al juez Pedreira dividen y tensan al tribunal del 'caso Gürtel'

Los magistrados se tiran los trastos a la cabeza a cuenta de las grabaciones en prisión

La división y la tensión son totales entre los tres magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dirime los recursos del caso Gürtel. Emilio Fernández Castro, el juez partidario de dejar libre bajo fianza al jefe de la trama, Francisco Correa, ha sido ponente de un auto (al que se ha adherido con su firma el presidente del tribunal, Francisco Vieira) en el que ataca con extrema dureza al instructor del caso, Antonio Pedreira.

Este auto, que revoca una decisión de Pedreira sobre los pasos a seguir para eliminar de las diligencias las grabaciones de las conversaciones entre los cabecillas de la red y sus abogados en la cárcel, emplea términos casi insultantes y aleccionadores sobre cómo debe abordar el instructor el incidente de nulidad de las citadas escuchas.

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Uno de los magistrados de la Sala, José Manuel Suárez Robledano, ha emitido un voto particular en el que respalda a Pedreira y sostiene que las expresiones que Fernández Castro vierte son "innecesarias, inadecuadas e impropias del funcionamiento ordinario y regular de las instituciones del Poder Judicial, y que además no responde a la realidad de lo ocurrido en el caso".

Fernández Castro recrimina a Pedreira una supuesta demora en la instrucción del proceso, y trata de darle clases sobre cómo debe tramitar la anulación de las escuchas. Suárez Robledano le replica recordando la complejidad de un sumario que acumula ya "632 tomos con aproximadamente 265.000 páginas", comisiones rogatorias en tres continentes y "más de 60 imputados". La propia Sala ha tenido que resolver casi 200 recursos presentados por las partes, lo que da idea de la enorme actividad de las investigaciones que desarrolla Pedreira desde hace casi dos años.

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Fernández Castro y Vieira dejan entrever que Pedreira no ha escuchado todas las conversaciones grabadas. Le instan pues a hacerlo y a eliminar, palabra por palabra y anotando periodos concretos del diálogo, aquellos pasajes que atenten contra el derecho de defensa, así como cuestiones referidas a la intimidad.

Suárez Robledano sugiere que los firmantes del auto, que suman mayoría de dos a uno, tampoco han escuchado las grabaciones.

El auto de Fernández Castro estima tres recursos presentados por los imputados Alberto López Viejo (exconsejero del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre), Isabel Jordán y Alfonso Bosch, contra una decisión de Pedreira que ordenaba eliminar en bloques las grabaciones entre abogados y clientes en la cárcel, así como todos aquellos pasajes que afectaran a su intimidad.

Dice así la Sala: "Lo cierto [es] que la formulación de los tres citados recursos de apelación ha puesto antes que nada de manifiesto la singular forma en que el instructor, sin acompañar o exponer, como es imprescindible en derecho, sin motivación alguna al respecto (...)".

En su voto particular, Suarez Robledano rechaza esta afirmación. Recuerda que en el auto de Pedreira sí existe "la motivación" que marca la ley, y que se desarrollan -a lo largo de ocho folios- los pasos a seguir para eliminar las partes del sumario afectadas por la nulidad.

Los abogados de los tres procesados afirman que Pedreira ha hecho "una poda excesiva de las grabaciones", y exigen tener acceso a ellas íntegramente.

El auto de Fernández Castro da la razón a los apelantes y señala, entre otras consideraciones: "Esa no es la tarea que se espera del instructor. Es, por el contrario, preciso que este, digámoslo con propósito no solo didáctico, sino en estricto ejercicio de la potestad funcional que a esta Sala incumbe, lea detenidamente las transcripciones de todas las conversaciones intervenidas".

A continuación, en una suerte de ejercicio pedagógico, trata de aleccionar a Pedreira: "Todo lo que no sea actuar así, implicará una persistencia en el error y una pérdida de tiempo tan lamentable como insubsanable".

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