Las autonomías se niegan a asumir la apertura de fosas

El Gobierno no parece contar con el apoyo de las comunidades autónomas para la exhumación de víctimas de la Guerra Civil. El pasado 3 de diciembre de 2008, el Ejecutivo se dirigió a todas las autonomías, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias, para pedirles que firmaran un convenio de colaboración que permita poner en marcha el protocolo de exhumaciones diseñado por el Gobierno. Pero sólo el País Vasco y Canarias se han mostrado dispuestas. El resto, según explicó un portavoz del Ministerio de Justicia, ha manifestado que las exhumaciones y su financiación son "competencia del Estado". El proceso de negociación, según la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, sigue "en marcha".

Ese protocolo, que el Gobierno envió también a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) describe paso a paso qué hacer para abrir una fosa común y quién debe hacerlo. En su aspecto técnico, es muy similar al que ya manejan los arqueólogos y forenses que de forma desinteresada han permitido a la ARMH exhumar más de 4.000 cuerpos en los últimos nueve años. Pero tiene además una dimensión política, al dejar en manos de las comunidades autónomas y los órganos de Gobierno locales las autorizaciones para la apertura de fosas.

Las asociaciones de víctimas se oponen radicalmente porque consideran que su derecho a enterrar dignamente a su familiar dependería entonces del color político y la sensibilidad de la autoridad autonómica y local donde se hallaran los restos.

El Gobierno sí ha encontrado algo de apoyo para elaborar un mapa de fosas y cumplir así con el artículo 12 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007. Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco, Cataluña, Canarias, Andalucía, Extremadura y Melilla, están dispuestas a firmar un convenio de colaboración para la elaboración de ese mapa. Madrid, La Rioja, Murcia y Castilla y León (donde se concentran muchas fosas comunes) han transmitido al Gobierno su disconformidad. El Ejecutivo piensa suplir esa falta de colaboración con la de las asociaciones de afectados.

De la Vega anunció también ayer que el catálogo de símbolos del franquismo ya está hecho y que una comisión de expertos decidirá ahora cuáles no serán retirados por su valor artístico.