El autor del registro a una oficina de un ex consejero de Aguirre será destituido

El consejero de Presidencia, Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, el popular Francisco Granados, planea prescindir de su actual director general de Seguridad, Sergio Gamón, autor del registro y requisa de material del despacho de un alto cargo de la Consejería de Justicia. La actuación se produjo al día siguiente del cese del anterior titular de Justicia, Alfredo Prada. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, prescindió de Prada tras ser fichado para el comité directivo del PP por Mariano Rajoy.

La medida, que planteará Granados en un próximo Consejo de Gobierno, ya ha sido consultada y confirmada con la presidenta regional, que tiene la última palabra. Gamón, sabedor desde el jueves pasado por Granados de su inminente destitución, ya ha celebrado una reunión con su equipo de confianza para relatarles estos pormenores y despedirse.

Gamón incluso les ha detallado que el pasado jueves presentó su dimisión a Granados, pero que éste la rechazó para que su salida se produzca dentro de la remodelación en sus consejerías que ha perfilado, y que verá la luz en un próximo Consejo de Gobierno. La explicación dada a Gamón sobre su relevo suma dos razones: "pérdida de confianza" y la comisión de una "torpeza" mayúscula. No en vano, según la tesis oficial que han defendido tanto Aguirre como el propio Granados, el jefe directo de Gamón, ninguno de ellos le ordenó tal registro del despacho de la cúpula de seguridad de la sociedad Campus de la Justicia, dependiente de la Consejería de Justicia.

Paradójicamente, la versión de Prada y su equipo -"nadie nos ha investigado porque no tienen nada que investigar, ya que no hemos cometido ninguna irregularidad"- coincide con la que ofrece el entorno de Granados: "No tenemos ninguna sospecha que nos moviera a investigar al equipo de Prada, pero, si la hubiera, el método nunca sería enviar una especie de pelotón de geos".

PSOE e IU han exigido que Granados explique en la Asamblea regional el "presunto espionaje" al ex consejero Prada. Entienden que es un episodio muy grave de la lucha interna del PP y una violación de la intimidad.

En el catálogo de "torpezas" acumuladas por Gamón al registrar el despacho de los jefes de la seguridad de Campus de la Justicia, la consejería de Granados tiene acreditadas, al menos, las siguientes: se retiraron las llaves del coche oficial al máximo responsable de seguridad, se dejó un vigilante en la puerta de la oficina y se requisaron documentos del citado departamento.

Los funcionarios de Justicia testigos de tal irrupción de tono policial añaden que además fue retirado el ordenador del director adjunto de Seguridad del Campus de la Justicia, intervenido cuanto papel había sobre su mesa y además se clausuró el despacho desde el jueves 26 de junio hasta el lunes 29 de junio.

Granados asegura que no tuvo conocimiento del registro en el Campus de la Justicia hasta el pasado martes 1 de julio. Ese día conoció las disculpas ofrecidas por la presidenta regional a Prada por una actuación que parecía echar sombras sobre la gestión de un área del citado ex consejero. Granados matiza que no supo de la gravedad del incidente generado por su director general de Seguridad hasta el jueves 3 de julio, día en que, tras hablar directamente con Prada, ordenó restituir el vehículo confiscado y retirar al vigilante dejado por Gamón desde una semana antes.

Este calendario choca con el hecho de que, según fuentes del equipo de Prada, Granados fue informado del registro en la mañana en que se produjo por boca del viceconsejero de Justicia, Alfonso Cuenca.

Prada se da por satisfecho con las disculpas de la presidenta regional, pero sus ex subordinados en el Campus de la Justicia exigen una restitución de su honor, que juzgan maltrecho por una actuación irregular de Gamón.