El boliviano que perdió un brazo fue acompañado hasta el hospital

Franns Rilles Melgar, el boliviano que perdió un brazo cuando trabajaba en una panificadora de Real de Gandia (Valencia), no fue abandonado a 200 metros del hospital por el empresario que le condujo hasta allí en su vehículo. Eso al menos es lo que se afirma en el informe de la policía judicial que ayer se conoció en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gandia, donde declararon como imputados los hermanos Raúl y Javier Rovira, responsables de la panificadora donde ocurrió el siniestro laboral. El padre también será citado a declarar en calidad de imputado porque se entiende que es el dueño.

El informe de la policía sobre el suceso considera que uno de los empresarios acompañó hasta el interior del hospital a Franns Rilles, pero la familia sostiene que fue abandonado, aunque no saben si a 200 o a 50 metros del centro sanitario. El juez decretó libertad sin fianza para los dos hermanos, pese a que el fiscal solicitaba prisión provisional, eludible con una fianza de 100.000 euros para cada uno por presuntos delitos de "riesgos laborales, lesiones consumadas y contratación ilegal".

La fiscalía argumentó que los informes técnicos constatan deficiencias en la empresa, que podrían ser constitutivas de infracciones penales. Sobre la omisión de ayuda al trabajador y que arrojaran el brazo amputado a la basura, el fiscal afirmó que "no había suficientes pruebas" que demostraran estos hechos.

Fermín Rabal, abogado de los empresarios, mantuvo la "inocencia" de sus clientes. Aseguró que los sindicatos y la familia del trabajador "mienten" al afirmar que hubo "omisión de ayuda" tras el accidente. Mantiene que uno de los empresarios llevó al empleado hasta urgencias y tuvo que ser atendido en "estado de choque", y que dispone de los documentos médicos que lo certifican. Respecto a por qué tiraron el brazo a la basura, Rabal defendió que la extremidad amputada se encontraba "totalmente destrozada".

Por otra parte, UGT denunció ayer que la empresa fue sancionada en 2006 por tener trabajadores irregulares, sin que eso afectara a su actividad. La Consejería de Economía se negó ayer a contestar al respecto.