La capacidad recaudatoria establece el poder de las Diputaciones

Euskadi es una comunidad autónoma con un ordenamiento político propio que deriva de su pasado foral y está reconocido en la Constitución. Las Diputaciones de sus tres territorios, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, se sitúan como estamentos intermedios entre el Gobierno vasco y los Ayuntamientos, configurándose como las instituciones provinciales más potentes de España. Entre las competencias recogidas en su autonomía administrativa, fijada en la Ley de Territorios Históricos y el Estatuto de Autonomía de Gernika, destaca la fiscal, con la recaudación de impuestos que conlleva.

La estimación de recaudación conjunta para el presente ejercicio se sitúa en los 12.500 millones de euros, de los que más de 8.600 se destinarán al Gobierno vasco, cuyas cuentas dependen de la aportación de las Diputaciones. Estas inyectan dinero también al Estado y los consistorios, mientras que apenas una quinta parte del caudal que gestionan lo reservan para elaborar sus cuentas anuales. La mayor parte de los recursos propios, casi uno de cada dos euros, se destinan a servicios sociales, aunque entre las competencias forales figuran también las infraestructuras, la cultura o el euskera. En algunos casos se solapan incluso con las del propio Ejecutivo autónomo.

Juntas Generales

En el caso de Guipúzcoa, la Diputación maneja unos ingresos anuales de 4.287 millones de euros. El presupuesto foral para este año, heredado del pacto entre PNV y Hamaikabat, será de casi 840 millones, una vez deducidos los 2.869 que aporta al Gobierno vasco, otros 122 al Estado y 407 a los Ayuntamientos de la provincia. El control de la Hacienda foral por parte de Bildu y el fácil acceso que en adelante tendrá la coalición soberanista a información fiscal muy sensible de todos los contribuyentes, tras la elección ayer de Martín Garitano como nuevo diputado general, ha generado importantes recelos entre la clase empresarial.

La Diputaciones asumen el poder ejecutivo en cada territorio. El legislativo, por su parte, recae en las denominadas Juntas Generales. Se trata de Parlamentos provinciales, facultados para aprobar normas y reglamentos forales, que integran en cada uno de los tres territorios 51 apoderados que son elegidos mediante unos comicios propios, pero que coinciden en el calendario con los municipales. Los últimos se celebraron el 22 de mayo.