El 'caso Taguas' pone al Gobierno en su primer aprieto en el Congreso

El caso Taguas persigue al Gobierno y le ha puesto en el primer aprieto político de la legislatura en el Congreso. La polémica política por el salto del ex director de la Oficina de La Moncloa a Seopan, el lobby de las constructoras, no ha quedado zanjado con el informe oficial que lo considera legal. El martes se votará en el Pleno una moción de Iniciativa per Catalunya que tacha de "burla a la voluntad del legislador" el fichaje, lamenta el informe favorable y pide la reforma de Ley de Incompatibilidades.

El PSOE tendrá que emplearse a fondo para lograr apoyos suficientes que eviten su primera derrota en el Pleno y también para que no haya fugas de votos entre sus propios diputados. La incomodidad estética de la votación para el Gobierno se agrava porque varios diputados del Grupo Socialista están dispuestos a romper la disciplina de voto. Por ejemplo, Juan Antonio Barrio de Penagos y Manuel de la Rocha, que plantearán abiertamente el asunto en la reunión del Grupo Socialista del martes, horas antes del Pleno.

Exigirán la reforma de la Ley de Incompatibilidades para evitar casos como el de David Taguas, según explicó a este periódico De la Rocha, diputado por Madrid. Su tesis viene a ser que si este caso es considerado como legal, hay que cambiar urgentemente la ley para impedir otros similares. Afirman que tienen apoyo de otros socialistas y se plantean no votar en contra de la moción de IC que defenderá Joan Herrera. Podrían apoyarla, abstenerse o no participar en la votación.

Otros diputados socialistas expresan en privado su disgusto por el caso y rechazan la forma en la que se ha zanjado en el Ministerio, aunque no se planteen dar la batalla pública. Uno de ellos rechaza especialmente el argumento de los precedentes de los gobiernos del PP y explica que, precisamente, de lo que se trata es de diferenciar la actitud de ambos partidos.

Algunos diputados socialistas felicitaron a Barrio de Penagos el pasado martes cuando criticó abiertamente el fichaje de Taguas en la reunión del Grupo Parlamentario y aseguró que la base social del PSOE no lo entiende. No tuvo respuesta del portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, pero la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, defendió un día después en el Pleno la legalidad del caso y descartó reformar la actual Ley de Incompatibilidades.

Tampoco la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, incluyó este asunto en su comparecencia para explicar el calendario legislativo del Gobierno.

El informe de Administraciones Públicas considera legal el nombramiento porque Seopan es una asociación, no una empresa, y por los precedentes de gobiernos del PP.

La moción de IC rechaza el nombramiento de Taguas y pide que se reforme la Ley de Incompatibilidades para que la decisión en estos casos corresponda a una oficina independiente, elegida por el Parlamento, y no dependiente de Administraciones Públicas como ocurre ahora. IC añade que el actual sistema carece de "transparencia e independencia" y, por ello, pide que en seis meses se haga una reforma de la ley que, por ejemplo, permita que dos grupos parlamentarios puedan pedir el inicio de un expediente de supuesta incompatibilidad. Expresamente se habla de "interpretación laxa de la ley", "burla de la voluntad del legislador" y de "dudas éticas sobre la posible utilización de información privilegiada" en el caso Taguas.

La moción no es vinculante y, por eso, se limita a lamentar la declaración de compatibilidad que ha hecho el Gobierno. De ser aprobada, no impediría la contratación del ex asesor del presidente del Ejecutivo, pero tendría un importante efecto político. Ningún grupo ha decidido aún el sentido de su voto, pero fuentes del PP dan por hecho que la apoyarán. El portavoz socialista, José Antonio Alonso, deberá recabar, por primera vez en la legislatura, el respaldo de CiU, PNV y BNG para no cosechar una derrota. Ninguno de esos grupos tiene fijada posición, aunque alguno de ellos no oculta su malestar por tener que rescatar al Gobierno en un asunto tan incómodo, después de que el PSOE haya alardeado de distanciamiento de los grupos minoritarios en el inicio de la legislatura. Incluida la investidura de Zapatero.

CiU no se ha pronunciado públicamente ni a favor ni en contra del fichaje, pero el PNV lo ha rechazado expresamente. Así, el diputado Aitor Esteban aprovechó la comparecencia de la vicepresidenta en la Comisión Constitucional para criticar el caso y asegurar que Seopan tiene intereses económicos, en contra del argumento del Gobierno.