La causa por cohecho contra Camps sigue adelante

La causa de los trajes, en la que está imputado el presidente valenciano Francisco Camps por haber aceptado presuntamente regalos de la trama corrupta Gürtel sigue adelante. Según la investigación asumida por la Fiscalía Anticorrupción, la red dirigida por Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, hizo regalos a las cúpulas del PP y el Gobierno regional (lo que supone un delito de cohecho pasivo) al tiempo que saqueaba las arcas públicas valencianas con la connivencia de altos cargos de la Administración autonómica. Y que, al mismo tiempo, la trama corrupta colaboró electoralmente con el Ejecutivo popular al servir de vehículo a las aportaciones ilegales que ocho constructoras hicieron a las dos últimas campañas electorales.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ha desbloqueado hoy todos los recursos, menos uno, de los muchos presentados las defensas con el objetivo, bastante claro en algunos casos, de demorar la marcha del procedimiento.

La sala desestima el recurso de queja planteado por la defensa de Rafael Betoret, ex jefe de protocolo de la Consejería de Turismo, que está imputado junto a Camps, Ricardo Costa (diputado, candidato y exsecretario general del PPCV) y Víctor Campos (exvicepresidente de la Generalitat). El abogado de Betoret había solicitado que se practicasen varias diligencias: incorporar a la causa las grabaciones realizadas en la cárcel a los cabecillas de la trama; que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid remitiera al tribunal de Valencia una pieza separada abierta allí sobre la intervención de las comunicaciones a los miembros de la red corrupta, y la policía aportara unos informes de detectives privados de los que supuestamente se incautó al registrar la sede de Orange Market. Esta empresa de la red, radicada en Valencia, era administrada por El Bigotes, a quien Camps llamaba "amiguito del alma".

La sala rechaza igualmente que, como había pedido la defensa del presidente valenciano, declare Correa en la audiencia preliminar, el trámite previo a que el juez instructor abra o no juicio oral contra Camps y los otros tres acusados. Los magistrados aceptan, en cambio, que tal y como había solicitado el presidente de la Generalitat testifiquen en ese mismo acto su guardaespaldas, su chófer y Cándido Herrero, el gerente de la empresa de la trama Orange Market.

Flors había denegado estas últimas declaraciones testificales al considerar que no eran necesarias para decidir la apertura o no del juicio oral. Su estimación por parte de la sala no supondrá, sin embargo, retraso del procedimiento, señalan fuentes jurídicas; simplemente hará que la audiencia preliminar sea un tanto más larga.

El juez instructor de la causa de los trajes está pues a la espera de un único recurso para decidir sobre la suerte judicial de Camps. Se trata de la súplica que interpusieron las defensas a la decisión de la Sala Civil y Penal de aceptar que los cabecillas de la trama fueran juzgados conjuntamente con el presidente valenciano y el resto de acusados, dejando en manos de Flors la decisión de qué hacer al respecto. El recurso, apuntan fuentes jurídicas, tiene escasas posibilidades de prosperar, al tener que resolver al respecto los mismos magistrados que dictaron la resolución.

Una vez que la Sala Civil y Penal tome esa decisión, Flors tomará la decisión última sobre el procedimiento. Las fuentes jurídicas consideran que lo más probable es que el juez no incorpore a los cabecillas de la trama a la causa contra Camps. En ese caso, Flors podría decidir antes de las elecciones del 22 de mayo la convocatoria de la audiencia preliminar, lo que dejaría al presidente valenciano a un escalón de sentarse en el banquillo de los acusados.