A la caza del 'Alakrana'

La suerte del Alakrana, el atunero vasco secuestrado con 36 marineros a bordo el pasado 2 de octubre, se jugó en 48 horas, en una desesperada carrera por impedir que los piratas consiguieran llegar con su botín hasta la costa de Somalia. Fue aquel fin de semana, hace ya 44 días, cuando se adoptaron las decisiones que han convertido el caso en un embrollo jurídico de difícil salida y una vía de agua en la línea de flotación del Gobierno.

La Armada española nunca se planteó asaltar el pesquero. Aunque la fragata Canarias lleva un equipo de Guerra Naval Especial, integrado por 18 militares (especialistas en técnicas como el buceo de combate o el fast-rope, que consiste en descolgarse con cuerdas desde un helicóptero) la presencia en el Alakrana de 13 piratas armados con bazookas, fusiles Kaláshnikov y pistolas hacía inasumible el riesgo de un rescate por la fuerza.

El plan era más inocuo. Se trataba de inducir una avería en el atunero, accidental en apariencia, que lo dejara sin gobierno en alta mar. La Canarias se acercaría a una distancia prudente y ofrecería su auxilio a los desafortunados piratas, que se encontrarían sin posibilidad de llegar a puerto ni recibir refuerzos. A partir de ese momento, se abriría la negociación, pero en unas condiciones muy diferentes a las que se dieron luego.

El plan sólo tenía un inconveniente. Para ejecutarlo era preciso que la fragata alcanzara al Alakrana y éste se encontraba a 800 millas de distancia, muy lejos de la zona de seguridad que el Ministerio de Defensa había designado a los armadores.

Tras la notificación del secuestro, que se produjo a las 5.30 del viernes, el comandante de la Canarias recibió orden de dirigirse a toda máquina al encuentro del atunero. A una velocidad de 22 nudos, necesitaba casi 40 horas para llegar al lugar del abordaje. Naturalmente, los piratas no se quedaron a esperarla, sino que se dirigieron a la costa de Somalia, a 413 millas en línea recta. Aún así, el empeño no era imposible, pues navegaban muy despacio, a unos siete nudos.

El panorama cambió inesperadamente a primera hora del sábado. El radar de la fragata detectó un súbito aumento de la velocidad del atunero, que se dobló hasta alcanzar los 14 nudos. ¿Qué había pasado? La respuesta la dieron las imágenes transmitidas por un avión de patrulla marítima P-3 Orion del Ejército del Aire español. El esquife que el Alakrana venía remolcando desde que se produjo el secuestro se había soltado. El avión lo localizó con dos tripulantes navegando rumbo oeste, hacia la costa más próxima de Somalia, mientras el atunero iba en dirección noroeste, hacia Haradhere, al norte de Mogadiscio.

Con dos objetivos, en vez de uno, se concluyó que ya no era posible alcanzar al Alakrana antes de que se adentrase en aguas peligrosas y se optó porque la fragata persiguiera al esquife.

Fue la primera decisión. La segunda, y más importante, detener a los dos piratas del esquife. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el servicio secreto militar, elevó una nota en la que desaconsejaba las detenciones, por el riesgo de represalias hacia los secuestrados y porque podía complicar la negociación del rescate.

No consta que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) -es decir, el principal servicio secreto- hiciera escrito alguno. No hacía falta, pues su director, el general en la reserva Félix Sanz, formaba parte del minigabinete de crisis dirigido por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, junto a los ministros de Defensa, Carme Chacón, Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, así como el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Julio Rodríguez. Fue este último quien ordenó al comandante de la Canarias efectuar las detenciones. La decisión fue "asumida por unanimidad", y por tanto a posteriori, por la célula de coordinación.

Lo sorprendente es que, pese a tratarse de un secuestro, el Ministerio del Interior, que tiene los mejores expertos en la materia, nunca ha formado parte de esta célula. Tampoco de otra, a nivel técnico, que integraron altos cargos de los mismos departamentos para seguir la crisis.

Desde el punto de vista de la Armada, la captura de los dos piratas era no sólo una obligación legal -se trataba de presuntos delincuentes pillados in fraganti, o casi- sino también de un premio de consolación tras haberse escapado el Alakrana. Las primeras explicaciones públicas sobre el secuestro las dio el general Jaime Domínguez Buj, jefe del Mando de Operaciones, como si se tratara de un asunto militar, sin implicaciones políticas.

Pero el problema de qué hacer con los detenidos era político. Y de mucho calado. Tras su captura -a las nueve de la noche del sábado, a 120 millas de Somalia, en una operación en la que un pirata resultó herido leve por un disparo- el capitán de la Canarias disponía de 24 horas para comunicarla al juez, so pena de enfrentarse a una posible denuncia por detención ilegal, según un informe jurídico elaborado en junio pasado por Defensa.

Pero no podía acusarse a nadie de un secuestro que no se había denunciado, por lo que De la Vega se puso en contacto con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien ordenó al jefe de la Abogacía del Estado, Joaquín de Fuentes, que presentara una denuncia. Según fuentes gubernamentales, Caamaño recurrió a De Fuentes después de que la fiscalía declinase presentar la denuncia por no ver claras las consecuencias que tendría traer a los piratas a España.

El escrito de la Abogacía del Estado entró en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Baltasar Garzón, a las 2.20 del día 4. La denuncia no se basaba, como sería lógico, en los informes del Ministerio de Defensa, sino en las noticias de prensa: "Como es público y notorio, por haber sido profusamente recogido por los medios de comunicación, el buque Alakrana [...] ha sido capturado por piratas en las costas de Somalia", argumentaba. En su opinión, la competencia para enjuiciar estos hechos correspondía "inicialmente" a la Audiencia Nacional, "sin perjuicio de lo que pueda resultar de los tratados o convenios" internacionales.

No hubo un verdadero debate sobre la posibilidad de entregar a los dos detenidos a Kenia, como se hizo con los 13 piratas capturados en mayo por el petrolero Marqués de la Ensenada. El Ministerio de Defensa daba por sentado que podría aplicarse el convenio de la UE con dicho país africano, pero consideró que se trataba de un tema jurisdiccional fuera de su competencia y nadie pidió un análisis jurídico de las distintas opciones.

Según la insólita nota que difundió el jueves Ángel Juanes, presidente de la Audiencia Nacional, Garzón "desconocía que existiera intención de traslado de aquellos [detenidos] a un tercer país", por lo que el lunes, tras recabar informe de la fiscalía, ordenó la presentación de los detenidos ante el juzgado.

"Cuando se cumple la ley no se comete ningún error", alegó el viernes la vicepresidenta Fernández de la Vega, para defenderse. Una fuente que siguió todo el proceso resume: "Cada uno hizo lo correcto, de forma que no se le pudiera reprochar nada, pero nadie consideró si los pasos que se iban dando eran coherentes con el objetivo principal: rescatar a los 36 secuestrados". Con su traslado a España, los detenidos pasaban de ser una baza ante los piratas a un obstáculo de consecuencias imprevisibles. ¿Había otra alternativa?

La peripecia de Cabdiweli Cabdullahi, alias Abdu Willy, y Raageggesey Hassan Hajy, los dos piratas capturados, no había hecho más que empezar. Su entrega a la Audiencia Nacional se complicó con un incidente inesperado. La Canarias no podía alejarse del Alakrana, al que vigilaba desde unas 35 millas, por lo que, tras pedir el apoyo de Francia, los detenidos fueron transbordados al buque de aprovisionamiento La Somme. En la noche del martes al miércoles, a unas 250 millas de la costa, el buque de guerra fue atacado por dos lanchas piratas, que lo confundieron con un petrolero civil. Los militares franceses pusieron en fuga a una embarcación y capturaron a la otra, con cinco ocupantes. Así, La Somme siguió su ruta con siete detenidos: dos de los españoles y cinco propios.

La diferencia es que los primeros fueron llevados a la base de Yibuti, para su traslado a Madrid en un avión Hércules del Ejército del Aire. A los segundos se les desembarcó en Puntlandia, lo que retrasó aún más el viaje. Francia ya ha entregado al Gobierno autónomo de esta región somalí, que carece de reconocimiento internacional alguno, a 55 piratas, mientras que otros 30 han sido puestos en manos de Kenia y 15 más llevados a cárceles francesas, informa Antonio Jiménez Barca. Esta última opción se reserva para quienes son acusados de secuestrar a ciudadanos franceses; aunque, a diferencia del Alakrana, ninguno fue capturado antes de que se pusiera fin al secuestro. Incluso mediante el uso de la fuerza.