La cesión de agua a Barcelona "no es un trasvase" según Aragón

El informe del servicio jurídico del Gobierno regional considera que no vulnera su Estatuto porque no prevé captaciones del Ebro adicionales

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón consideran que la cesión de agua a Barcelona no es un trasvase ni una transferencia de recursos hídricos sino una conexión de sistemas y concluyen que no concurren causas que justifiquen la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, había adelantado horas antes que el informe "no discrepa fundamentalmente" de los del Estado, que indican que no vulnera el Estatuto aragonés porque no prevé captaciones de agua del Ebro adicionales a las ya existentes.

Asi lo indica en su informe que analiza el decreto-ley, aprobado el pasado 21 de abril, el alcance y naturaleza jurídica de las medidas que recoge y las afecciones que pudiera tener en relación con lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón. Concluye que la medida adoptada no puede considerarse jurídicamente una "transferencia de recursos hídricos" ni un "trasvase", sino "una conexión de sistemas dentro de la misma Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Internas de Cataluña".

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Los servicios jurícos consideran además que el decreto garantiza que se trata de medidas excepcionales y urgentes y que no se efectúa ningún incremento de volúmenes de agua del Ebro a las Cuencas Internas de Cataluña. También que la infraestructura prevista desde Tarragona hasta el área metropolitana de Barcelona no afecta a la Comunidad Autónoma de Aragón, ni a la demarcación hidrográfica del Ebro y por tanto no es preceptivo la emisión del informe previo.

En cuanto a la cesión de derechos al uso del agua, recogidas en el artículo 3 del decreto, el informe señala que la Comunidad Autónoma de Aragón deberá informar preceptivamente sobre cualquier contrato de cesión de derechos que se pretenda, de acuerdo al artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía.

Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón remitieron su informe esta mañana al consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, al presidente de las Cortes de Aragón, Francisco Pina, y al de la Comisión Jurídica Asesora, organismo al que el Gobierno de Aragón también ha encargado un informe que está pendiente.

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