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Los chóferes de Fabra revelan cómo les daba sobres con dinero para ingresar

Afirman que sólo él se los entregaba y que llegaban a ir varias veces al día al banco

María Fabra

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entregaba sobres con dinero a sus chóferes y éstos acudían al banco a realizar los ingresos. Así se desprende del interrogatorio al que fueron sometidos ayer los dos conductores oficiales, que acudieron al juzgado número 1 de Nules, donde se investiga a Fabra de la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias, cohecho y prevaricación) y fraude fiscal. Los dos aseguraron que la única persona que les entregaba aquellos sobres era el propio Fabra y que éstos no portaban ningún distintivo que pudiera identificar su procedencia. Ni membrete de la Diputación, ni destinatario, ni remitente. Los sobres, según dijeron, iban cerrados. Con esa afirmación, sostuvieron que desconocían las cantidades que portaban, aunque no pudieron dejar de admitir que sabían que era dinero.

Una de las cuentas registró 20 ingresos en cuatro días sin origen justificado
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Según su declaración, llegaban al banco, entregaban el sobre, allí se contaba y les certificaban su entrega con un documento que, tal como dijeron, guardaban pero ni miraban.

La Agencia Tributaria detectó, sólo en 1999, más de un centenar de ingresos en las cuentas de Carlos Fabra y de su entonces esposa, María Amparo Fernández. Hacienda denunció un desfase de 600.000 euros entre el dinero declarado y los movimientos e ingresos en los bancos. De esa cantidad, 300.000 euros eran atribuibles directamente a Fabra, que no aportó "ninguna justificación ni explicación mínimamente aceptable en cuanto al origen de los mismos", tal como señaló la propia Agencia Tributaria. Los inspectores de Hacienda requirieron al presidente de la Diputación hasta en 17 ocasiones con el fin de que aclarara sus cuentas. La única explicación que ofreció es que sacaba el dinero, lo guardaba unos días en su casa y, posteriormente, lo volvía ingresar.

Por ello, se llamó a declarar a los cajeros de las entidades bancarias con el fin de saber quién realizaba los ingresos en las cuentas. Tres empleados de dos entidades diferentes identificaron al "chófer de Fabra" como la persona que acudía al banco. Dado que entonces la presidencia de la Diputación de Castellón contaba con dos conductores oficiales, José Salvador del Campo y Guillermo Redón, el juez citó para ayer a los dos. Y ambos reconocieron haber sido porteadores del dinero.

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En muchos casos, las cantidades ingresadas en efectivo no superaban los 3.000 euros. En uno de los bancos en los que el chófer fue identificado, la cuenta de Fabra registró, en cuatro días, una veintena de ingresos sin origen justificado. Así, los conductores también fueron interrogados por las ocasiones en las que realizaban esta operación y sólo alcanzaron a decir que "bastantes", además de reconocer que incluso realizaban varias en el mismo día.

El asunto del chófer portando sobres ya salió a la palestra en 2007, cuando la secretaria de Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, aseguró ante el juez que Del Campo acudía a la fábrica a recoger "sobres y cajas".

La relación de Carlos Fabra con, al menos, uno de sus chóferes sobrepasa el plano profesional. José Salvador del Campo Marín fundó, en 1995 y junto a conocidos empresarios de la provincia, una empresa minera cuyas acciones parcialmente revendió a la esposa de Fabra y en la que el propio presidente de la Diputación contaba con una participación del 30%. Además, la hija de Del Campo fue una de las agraciadas con una beca concedida por el Instituto Valenciano de la Exportación, de la Generalitat valenciana.

José Salvador del Campo, chófer de Carlos Fabra, en los juzgados de Nules.
José Salvador del Campo, chófer de Carlos Fabra, en los juzgados de Nules.ÁNGEL SÁNCHEZ

Dos causas pendientes

- El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, fue acusado por un empresario de cobrar cantidades millonarias por mediar ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para agilizar autorizaciones de productos fitosanitarios. Desde hace seis años se le investiga por la posible comisión de varios delitos (tráfico de influencias y cohecho, entre otros). Además, la Agencia Tributaria presentó denuncia por fraude fiscal, tras detectar un desfase entre sus declaraciones de Hacienda y el dinero de sus cuentas, entre ellas, una en la que sus chóferes ingresaron los sobres con dinero. También tiene un procedimiento por falsificar sellos y analíticas para lograr autorizaciones para fabricar pesticidas y herbicidas.

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