Las confesiones minoritarias piden que se cumpla lo ya pactado

El PSOE retiró del programa con que concurrió a las pasadas elecciones el compromiso de reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) para "afianzar la neutralidad religiosa del Estado". Lo hizo a última hora, con gran disgusto del sector laicista de ese partido. Finalmente, el programa sólo se comprometió a "reflexionar" sobre una posible modificación de esa ley, de 1980.

Ayer retomó la idea inicial la vicepresidenta del Gobierno. El camino escogido no es la laicidad del Estado, sino extender a otras muchas confesiones algunos de los generosos compromisos contraidos con la Iglesia católica. Pese a todo, las religiones "de notorio arraigo" con acuerdos de cooperación -protestantes, musulmanes y judíos- expresaron sus recelos. "Tendrá credibilidad si, mientras tanto, hace cumplir lo ya firmado", dijo el secretario de la Federación Musulmana, Yusuf Fernández. La LOLR fue en 1980 "un paso para la consagración de una sociedad basada en la neutralidad del Estado. Las expectativas se han visto defraudadas", lamentan también los protestantes.

Los acuerdos de 1992 reconocían a estas religiones derechos como la protección jurídica de sus lugares de culto; un estatuto para sus dirigentes religiosos; asistencia a fieles en ejército, cárceles u hospitales; efectos civiles al matrimonio celebrado según sus ritos; enseñanza religiosa en escuelas; regulación de enterramientos y cementerios; sello de garantía de alimentos propios y su disponibilidad en centros públicos, o participación en las comisiones encargadas de velar por la libertad religiosa. Quince años después, la mayoría de esos derechos no se han desarrollado.

España camina "con la marcha del cangrejo en laicidad; existe una confesionalidad católica encubierta", lamentan las religiones minoritarias. Suman ya más de tres millones de fieles en España. La propuesta de De la Vega sería un paso positivo si su idea es la de lograr "un estatuto común para todas las religiones, incluida la católica", resume el secretario ejecutivo de la federación de Iglesias Evangélicas, Mariano Blázquez.

La Iglesia católica recibe del Estado unos 4.000 millones de euros anuales en diferentes conceptos. El resto de las confesiones, apenas cinco millones. Es una parte de la desigualdad. Con ironía, los judíos subrayan que los obispos "ni siquiera cumplen" la exigencia legal de inscribir a su Iglesia en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. "Es que tenemos 20 siglos de historia, y el Estado español apenas cinco siglos", argumentan los prelados. Los judíos replican que ellos cuentan su existencia en 5.000 años o más.