El consejero vasco de Justicia quiere "poner coto" a Garzón

Dirigentes políticos y empresariales criticaron ayer la detención y toma de declaración a dos empresarios del País Vasco por supuestos pagos a ETA y defendieron su presunción de inocencia ante la investigación a que son sometidos por el juez Baltasar Garzón.

El reproche más fuerte lo lanzó el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, secretario general de Eusko Alkartasuna, uno de los partidos integrantes del Gabinete de Ibarretxe. Afirmó que "alguien tendría que poner coto" a las actuaciones del magistrado Garzón, un "enfermo de ansias de notoriedad". A juicio de Azkarraga, este juez actúa de "forma despreciable" al convertir a las víctimas [de la extorsión de ETA] en "delincuentes" y al "utilizarlas políticamente". "Garzón somete a los chantajeados a un linchamiento moral inaceptable, dando publicidad a un proceso [la investigación policial del chantaje de ETA] que debe ser discreto". Esa misma reflexión en torno a la necesaria discreción fue realizada por la consejera de Industria, Comercio y Turismo, la peneuvista Ana Aguirre, que defendió la presunción de inocencia de los afectados.

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La patronal vasca Confebask y su organización territorial guipuzcoana (Adegi) recordaron en sendas notas de prensa que "toda persona extorsionada y amenazada por la acción del terrorismo es, ante todo, una víctima que merece amparo y respeto". La patronal guipuzcoana reclamó también respeto a la presunción de inocencia de los empresarios afectados. Y, en concreto, sobre la figura de Jesús Guibert, subrayó que "un empresario que ha sufrido un secuestro y presuntamente la extorsión de ETA, en ningún caso puede ser tratado como un malhechor".

El futuro presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, también reclamó que se guarde "muy mucho" la presunción de inocencia, pero dijo que el "héroe" es el empresario que "aguanta" sin ceder ante ETA.

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