Los conservadores del Poder Judicial impiden a Garzón presidir una sala de la Audiencia
La minoría critica que el sector mayoritario designe a ocho jueces afines de un total de 10
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designó ayer 10 cargos judiciales, de los cuales ocho fueron para magistrados ideológicamente afines a la mayoría conservadora y sólo dos para jueces progresistas, según criticó la minoría. El voto del presidente, Francisco Hernando, fue decisivo, en especial para la elección de presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que recayó en Javier Gómez Bermúdez. La minoría defendió el mejor currículo de Baltasar Garzón y relacionó la negativa de la mayoría a votarle con sus críticas a la guerra de Irak.
Javier Martínez Lázaro, vocal propuesto por el PSOE, defendió la candidatura de Garzón, que apoyó en su currículo, con 12 doctorados honoris causa, más de 80 premios nacionales e internacionales, unos 100 artículos y ensayos doctrinales, más de 20 años compaginando la docencia con el ejercicio de la judicatura y casi mil puestos por delante en el escalafón, respecto al candidato de la mayoría, juez de menores de la Audiencia Nacional.
Ante la diferencia de méritos entre uno y otro candidato, Martínez Lázaro vinculó la postergación del juez Garzón a su posición pública en contra de la guerra de Irak, especialmente a través de tres artículos publicados en 2003 en EL PAÍS, titulados Tiempo de canallas, El ataque de los clones y Señor presidente. En este último decía al entonces presidente del Gobierno José María Aznar que no debía ir "de la mano de quien (...), de hecho, está construyendo espacios de impunidad que perjudican a la comunidad internacional".
La mayoría negó que ese fuera el motivo de la no designación de Garzón. Ante los periodistas, el vicepresidente Fernando Salinas, también del sector progresista, se unió a la acusación de Martínez Lázaro. Los vocales propuestos por el PP José Merino y Javier Laorden negaron que dejaran de votar a Garzón por sus críticas a la guerra de Irak y aseguraron que consideraron más idóneo para el cargo a Gómez Bermúdez.
El voto del presidente
Salinas responsabilizó al presidente del Consejo del resultado final de ésta y otras votaciones. En la primera votación, Gómez Bermúdez obtuvo 10 votos, Garzón siete, José Ricardo de Prada, dos y votó en blanco el presidente. En la segunda y tercera votación, se repitieron los 10 votos a favor de Gómez Bermúdez, frente a ocho para Garzón y dos votos en blanco: el del presidente y el del vocal propuesto por CiU Alfons López Tena.
Finalmente, en la cuarta votación, el presidente Hernando se unió a los 10 vocales propuestos por el Partido Popular y resultó elegido el candidato conservador.
Igualmente, el voto del presidente fue decisivo para designar con los mismos 11 votos a otros tres magistrados conservadores: al nuevo magistrado de la Sala Penal del Supremo, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, y a los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, y de Cataluña, Eugenia Alegret.
En relación con este último nombramiento, que significa el relevo del progresista Guillem Vidal, que lleva 10 años al frente del máximo órgano judicial catalán, la minoría progresista protestó de que se insista por la mayoría en mantener un criterio de temporalidad que no figura en la ley, a pesar de las sucesivas reformas del PP.
La designación de la progresista Margarita Robles como magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resultó laboriosa. La minoría progresista cedió dos de sus votos para que resultara elegido para la misma sala el conservador Octavio Herrero Pina y tuvo que pedir un descanso para lograr que la mayoría votara a su vez a Margarita Robles.
El otro progresista designado ayer fue Javier Sánchez-Pego, para la Sala Social del Supremo. Se jubila en diciembre.
En cambio, resultó relegado como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo Fernando Ledesma, con 35 años en la carrera, el candidato más antiguo en su especialidad y en el escalafón, ex ministro de Justicia y ex presidente del Consejo de Estado. Fue designado Ramón Trillo.
