Tanta conspiración empieza a irritar al juez

Hay tres o cuatro abogados en el juicio que se comportan como esos niños zangolotinos que a base de hacer siempre la misma gracia terminan irritando al más templado. El juez Gómez Bermúdez, que ya ha dado sobradas muestras de saber alternar la seda y el percal sin descomponer la figura, los viene manteniendo a raya. En cuanto se percata de que vuelven a las andadas rechaza sus preguntas por "capciosas" o "impertinentes". Ayer fue más allá. Uno de esos abogados, cuyo legítimo objetivo como acusación tendría que ser la condena de los imputados, intentó formular al primer testigo -un inspector de policía- una pregunta atravesada. El juez lo paró en seco y le leyó la cartilla.

La mañana venía pintada de un color gris plomo. Para empezar, el primer testigo de la fiscalía era el jefe de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) en marzo de 2004. Esto es, el policía que debió oler lo que se estaba tramando y ni siquiera lo sospechó. En segundo lugar, y por motivos de seguridad, el declarante compareció oculto tras una mampara, por lo que lo único que se percibía de él era su voz, una voz que se desplomaba cansada sobre el público, la voz de un hombre que parecía preguntarse una y otra vez: ¿cuándo se acaba esto?

Para más inri, tampoco estaba claro su papel allí. El inspector de policía, a preguntas de la fiscal, se iba continuamente por los cerros de Úbeda. Se remontaba al año 1993 y al mismísimo Bin Laden para explicar lo que una década más tarde ocurrió en Madrid. Su erudición -dio muestras de conocerse el árbol genealógico de todos los imputados- contrastaba con su sonado fracaso. El juez le pidió varias veces que se centrara, que fuera a lo concreto. Pero de sus respuestas se deducía que el detalle no era su terreno. Sabido es que hay dos tipos de policías. Unos salen a la calle y detienen a los malos. Otros hacen informes. El inspector de ayer era de los segundos, y de su declaración larga y estrecha apenas pudieron extraerse dos certezas. Que la finca de Morata de Tajuña donde se prepararon los explosivos ya fue investigada en 2002 y que ningún confidente alertó a su unidad de lo que se estaba tramando.

Fue precisamente al preguntar sobre las labores de un confidente -un árabe apodado Cartagena- cuando el abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, José María de Pablo Hermida, se llevó el revolcón del juez. Llovía sobre mojado. No hay turno de preguntas que De Pablo no aproveche para introducir, aunque sea desde el córner y con efecto, la teoría de la conspiración. La pregunta de ayer fue:

-¿Desde cuando tenía contactos la Unidad Central de Inteligencia Exterior con el confidente Cartagena?

El juez Gómez Bermúdez le cortó en seco:

-El letrado explicará cuál es la relación de su postura como acusación particular con esa pregunta y otras que está formulando y que le he dejado formular porque podían tener un sentido equívoco. Le recuerdo que, a diferencia del Ministerio Fiscal, que en su condición de defensor de la legalidad puede llegar a pedir la absolución, la única posibilidad que le queda a las acusaciones particulares es retirar la acusación o sostenerla. Por lo tanto, su interrogatorio e intervención tiene que ir en defensa de sus conclusiones provisionales. Y en su escrito no hay ninguna referencia a eso que pregunta...

La situación que provocan a diario estos tres o cuatro abogados no deja de ser curiosa. Todos los que acuden con regularidad al juicio ya saben que, en cuanto les llega el turno, se suelen desentender de los acusados para buscar la taleguilla del sistema. Al hundirse irremediablemente la pretendida implicación de ETA, ahora sus esfuerzos se centran en demostrar una especie de nueva conspiración judeomasónica en la que policías, guardias civiles, espías y políticos socialistas estuvieran de acuerdo para hacer la vista gorda, permitir la masacre del 11-M y echar al PP del poder. Lo que pasa es que, por ejemplo ayer, se olvidaron de hacer algunas preguntas clave. La primera sería: ¿cuántos policías estaban destinados a principios de 2004 a combatir el terrorismo islamista? La respuesta hubiera sido: 65. Otra pregunta: ¿cuántos de ellos se dedicaban a vigilar a los 200 sospechosos que entonces existían? La respuesta: 15, para lo que tenían que alternar las vigilancias, a unos una temporada y a otros, otra. Más preguntas: ¿cuántos agentes en total -policías, guardias civiles y agentes del CNI- se dedicaban en toda España a luchar contra el terrorismo integrista? 140. Otra más. ¿De los 300 agentes del CNI dedicado al terrorismo, cuántos se dedicaban al islamista? Exactamente 30, el 10%. ¿Quién mandaba entonces en la policía? El Gobierno del PP. ¿Cuántos años llevaba en el poder? Ocho, y los últimos cuatro, con mayoría absoluta.

Ninguna de estas preguntas, sin duda muy esclarecedoras, fueron formuladas ayer al inspector de la voz cansada.