De la cooperación policial a la judicial

Jamal Ahmidan, El Chino, presunto jefe del comando terrorista del 11-M, anunció a su madre a través del móvil: "Dentro de nueve minutos me iré con Dios". Al otro lado del Estrecho, en Tetuán, la anciana sollozaba desconsoladamente. El agente de la Dirección de Supervisión del Territorio (DST, policía secreta marroquí), que en su sede de Temara escuchaba en directo la conversación, cogió su otro teléfono y le dijo a Enrique de Federico, el comisario adscrito a la embajada de España en Rabat: "Parece que dentro de poco se van a suicidar".

El suicidio colectivo de siete terroristas en un piso de Leganés (Madrid) el 3 de abril de 2004 marcó un hito en la colaboración antiterrorista entre policías españoles y marroquíes. "Nunca ha habido tanta compenetración", declaró aquella noche De Federico. Desde entonces, esa cooperación se ha ido afianzando y hoy es mucho más estrecha que con cualquier otro país del Magreb, aunque menor que con los principales socios europeos de España.

A la policial se añadió la colaboración judicial. Marruecos no extradita a sus ciudadanos, pero ha aceptado, por primera vez, que sus tribunales puedan juzgar a marroquíes por delitos cometidos fuera del país. El 4 de diciembre, el tribunal antiterrorista de Salé, ciudad colindante con Rabat, se estrenó con una condena de 10 años a Hicham Ahmidan, primo de El Chino, por cómplice del 11-M.

Dos semanas después, a Abdelilá Hriz el tribunal le impuso 20 años de cárcel -el fiscal pidió cadena perpetua- por su participación en la voladura de los trenes madrileños. Hriz se prestó, con motivo de una visita a Salé del juez Juan del Olmo, instructor del 11-M, a escupir en un tubo para que su ADN pudiera ser comparado con los perfiles genéticos anónimos encontrados en el piso de Leganés y en la casa de Morata de Tajuña. Resultó ser el mismo.

Saad Husseini, el terrorista que probablemente preparó las mochilas del 11-M, se negó a que le tomaran una muestra de saliva. No pudo ser juzgado por los atentados de Madrid, pero sí lo fue, en febrero en Salé, por su participación en los de Casablanca en 2003. Al que fue probablemente el jefe de la rama militar del Grupo Islámico Combatiente Marroquí le cayeron 15 años.

Por su parte, la Audiencia Nacional ha concedido una especie de extradición temporal a Marruecos del marroquí Hassan el Haski, al que impuso en 2007 una pena de 14 años por su implicación en el 11-M. El tribunal de Salé le absolvió en primera instancia pero en segunda le condenó a 10 años por el ataque de Casablanca.

Ahora, intenta evitar ser devuelto a España para seguir cumpliendo su condena. En un escrito entregado a periodistas dice que recibe malos tratos y se le deniega el Corán. Acaba de iniciar una huelga de hambre.