De cortinas de humo y otras corruptelas

Los estrategas del PP llevan ocho meses tejiendo cortinas de humo de distinto tamaño y gravedad para tapar el grotesco espectáculo de cohechos, prevaricaciones y malversaciones de fondos públicos que se adivina tras la trama Gürtel. Desde que se hicieron públicos los manejos de Francisco Correa y sus cómplices, el PP teje y teje sin parar de echar humo.

Esto no es una trama del PP sino una trama contra el PP. La primera reacción del partido de Rajoy, cuando apenas una puntita del escándalo asomaba por la escena pública, fue una foto de familia digna y un mensaje solemne dirigido a la opinión pública: "Esto no es una trama del PP sino una trama contra el PP". En la foto estaba, muy cerca de Rajoy, el presidente valenciano Francisco Camps.

Ocho meses después de aquella foto, el futuro político de Camps depende, entre otras cosas, de una decisión del Tribunal Supremo, que puede sentarle en el banquillo por corrupto. Ocho meses después de aquella foto, la investigación judicial ha acreditado que la administración valenciana, gobernada por Camps, era un campo abonado a las corruptelas de la trama Gürtel, con Álvaro Pérez, amiguito del alma del presidente valenciano, como beneficiario principal de los contratos adjudicados a dedo. Ocho meses después, la limpieza de las cuentas del PP valenciano está en entredicho tras un informe policial, almacenado de momento en el limbo jurídico, que acredita pagos en dinero negro a la formación que preside Camps.

Ocho meses después, Camps ha tenido que echar a del partido y del parlamento a su mano derecha, Ricardo Costa, el ex secretario general del PP valenciano que, según el mismo confesó, acataba órdenes. Costa se ha tenido que vestir de chivo expiatorio para que su jefe siga en el cargo.

"De la trama contra el PP" que denunciaba Rajoy formaba parte, según su teoría, Baltasar Garzón, el juez que investigaba el caso Gürtel gracias a la denuncia de un ex concejal popular, y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. La coincidencia de ambos, ministro y juez, en una cacería, desató una tormenta política donde los tejedores de cortinas de humo se hicieron fuertes. Bermejo dimitió por cazar sin licencia; y Garzón se deshizo del caso al toparse con aforados. Pero la cortina de humo no pudo impedir que la sospecha de corrupción creciera, ensuciando más y más la imagen del Partido Popular. Los nuevos jueces que se hicieron cargo de la causa añadieron nuevos indicios contra zonas vitales del partido. El tesorero nacional, Luis Bárcenas, fue imputado. El presidente valenciano estuvo a punto de sentarse en el banquillo porque el juez Flors consideró que mentía y que había podido cometer un cohecho impropio. Le salvaron dos de los tres magistradotes que estudiaron su recurso. De uno de ellos, Juan Luis De la Rúa, el presidente valenciano llegó a decir que la palabra amistad no era suficiente para definir su relación con el magistrado. El juez lo niega, y quiere renovar mandato como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Aunque a estas alturas nadie le quiere.

"Nos espían". La primera cortina de humo fue incapaz de detener la avalancha de indicios contra cargos del PP. La secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, preparó un nuevo antídoto en agosto, cuando disfrutaba de sus vacaciones al borde de la playa. La nueva cortina de humo estaba basada en el supuesto espionaje ilegal a dirigentes populares. Ni una prueba, ni un indicio, pero mucho ruido...o mucha cortina para entretener el verano. Trillo espiado; Camps, espiado...Y ni una sola prueba. Pero Cospedal insistía en que autoridades judiciales y policiales hacían escuchas telefónicas ilegales a personas que no tenían nada que ver con los sumarios. Para añadir más dramatismo a su acusación sin pruebas, los dirigentes populares hablaron de estado policial donde se perseguía más al PP que a ETA.

La cortina de humo se deshizo entre nuevas revelaciones de graves corruptelas con dirigentes del PP implicados.

Escuchas telefónicas ilegales. El PP aprovechó esta semana una mínima tregua en su guerra interna por el poder para levantar su tercera cortina de humo, con el caso Gurtel pendiente de nuevas revelaciones con el levantamiento del secreto en otra parte del sumario. Esteban González Pons acusó al Gobierno de utilizar un sistema ilegal para las escuchas telefónicas y, de paso, deslizó la idea de que cientos de procesos judiciales de los últimos cinco años podrían ser anulados. González Pons se refería a un dispositivo informático, denominado SITEL, que contrató el Gobierno de José María Aznar cuando Mariano Rajoy era ministro del Interior. Al PP no se le ocurrió modificar ninguna Ley para utilizar el dispositivo, que se entregó en noviembre de 2003 y que sirvió para algunas investigaciones hasta mayo de 2004, cuando los socialistas entraron en el Gobierno. Aunque hay una sentencia del Supremo que rechazó un recurso de la Asociación de Internautas contra la interceptación de las comunicaciones, el PP insiste en que el sistema carece de cobertura legal.

El SITEL lleva cinco años utilizándose y nadie lo ha denunciado hasta ahora para anular procesos judiciales abiertos. Como instrumento al servicio de las investigaciones -la policía no puede utilizarlo sin autorización judicial- ha permitido encarcelar a decenas de narcotraficantes, terroristas y corruptos. Pero el PP sólo se ha acordado de que es supuestamente ilegal cuando varias decenas de sus dirigentes, entre ellos el tesorero nacional, Luis Bárcenas; el presidente valenciano, Francisco Camps; su secretario general, Ricardo Costa; y cuatro alcaldes y dos diputados autonómicos madrileños, han aparecido retratados en esas escuchas -todas autorizadas por el juez- como colaboradores de una trama de corrupción masiva.

Si alguien ha pensado en el PP que la mejor defensa es un buen ataque, sus cortinas de humo son la peor defensa para un mal ataque.