El deber de conocer el catalán

Tras la prolongada etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat de Cataluña, el Instituto de Estadística de esa comunidad comprobó que aproximadamente la mitad de la población considera como "propio" el catalán. Lengua propia es aquella "con la que se identifica la persona", según los autores de una encuesta realizada por Estadística en 2003 a 7.000 personas. Pues bien: el 44,3% consideraba como propio el castellano, mientras que el 48,8% valoraba como tal el catalán. Los dos les parecían propios sólo al 5,2% del total. Muchos menos ciudadanos creen "propio" el catalán de los que lo entienden, que son el 95%.

Una amplia mayoría de personas en Cataluña son bilingües, lo cual constituye una base espléndida para la convivencia. No obstante, sucesivos gobiernos de la Generalitat han potenciado activamente el catalán como el único idioma propio de Cataluña -respetando el derecho personal a usar el castellano-, con el argumento de que aquél corre el riesgo de regresión.

Padres de niños sordomudos cuentan un calvario para escolarizarles en lengua castellana

La convivencia social entre el catalán y el castellano en Cataluña es la regla general

La idea de impedir la separación de alumnos por lenguas fue promovida desde la izquierda

La Generalitat no considera que deba organizar aulas para escolarizar a niños en castellano

El 95% de los catalanes entiende catalán, pero el 44% considera como propio el castellano

Un niño cuya familia pide enseñanza en español va al aula donde se habla en catalán y el maestro le ayuda en castellano

El proyecto de Estatuto consolida el catalán como lengua de la enseñanza

La reforma del Estatuto de Cataluña consolida la posición del catalán como "lengua de uso normal y preferente" de las administraciones públicas en Cataluña, y "normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza". Eso no es nuevo respecto a lo que existe, pero sí aparece la obligación inédita de conocer el catalán, generalizada a toda la población del territorio. El proyecto no concreta los efectos de ese deber, presentado como una equiparación jurídica del catalán y del castellano; sí puntualiza que el cumplimiento de tal obligación queda encomendado a "los poderes públicos de Cataluña", según la versión actual del artículo sexto.

Hay quien ve peligros detrás de esta formulación. "No es lo mismo que el catalán sea la lengua vehicular de la enseñanza, como ya ocurre, que cerrar todas las grietas que aún permiten a los profesores utilizar el castellano y a los alumnos examinarse en ese idioma si lo desean", argumenta el abogado José Domingo, vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia. A su juicio, "obligar a toda la ciudadanía a conocer el catalán no es una declaración retórica", sino la percha legal "para fijar barreras al empleo o recortar plantillas, con el pretexto de no saber suficiente catalán". Domingo también es el promotor de un nuevo partido político, junto con el constitucionalista Francesc de Carreras y otros intelectuales y profesionales no nacionalistas. Para otros juristas, el deber de conocer el catalán se limita a no poder alegar la ignorancia del idioma para eximirse del cumplimiento de las leyes.

Basta con visitar Cataluña para darse cuenta de la normalidad con que conviven habitualmente los hablantes del castellano y del catalán. La mayoría se cambia al castellano cuando el interlocutor no entiende catalán; y en un grupo, el hecho de que una o dos personas no hablen esa lengua suele condicionar el que la conversación se desarrolle en el español común a todos.

Lo que salta a la vista es la diferencia entre la utilización institucional y social de las dos lenguas. Así, en el cine, los principales diarios, parte de las radios y las televisiones, y en el día-a-día de Barcelona y sus cercanías, el castellano es de uso corriente, mezclado con el catalán. Sin embargo, los pocos intentos de hablar en castellano en el Parlamento catalán se han saldado con escandaleras. Y la información de la Generalitat en Internet figura casi toda en catalán (www.gencat.net): para obtener páginas de política lingüística o de cultura en castellano hay que pulsar Other languages, en inglés.

Algunas de las medidas tomadas en los últimos años -Esquerra Republicana (ERC) controla parcelas como Educación y Comercio en el Gobierno del socialista Pasqual Maragall- indican un firme proteccionismo del catalán. Entre otras, las instrucciones a los centros de secundaria de junio de 2005, para utilizar este idioma en todas las actividades docentes y en las relaciones "entre el centro y el entorno", salvo con alumnos recién llegados (entre el 30% y el 40% de las clases de secundaria se dan aún en castellano en los institutos). Unas "oficinas de garantías lingüísticas" tramitan denuncias de particulares sobre desatención en catalán en establecimientos abiertos al público.

El bilingüismo se encuentra particularmente restringido en la enseñanza primaria. "Mi hijo me contaba: 'Mamá, a fulanito le han llamado la atención en el colegio por hablar en castellano", explica Irene Gómez, de 45 años, residente en Barcelona. Decidida a cambiarle para la ESO, encontró uno concertado donde "unas clases se dan en catalán y otras en castellano, según los profesores". Catalana autóctona y bilingüe, lamenta que "se haya pasado de aquello de 'España una, grande y libre' a que la familia de habla castellana no tenga derechos lingüísticos".

No es que haya un aluvión de conflictos. Pero a la Oficina del Defensor del Pueblo, que dirige Enrique Múgica, llegan algunos. Entre otros, la falta de atención a dos niños sordomudos.

Los protagonistas involuntarios de este caso son Héctor y Eloy, de 11 y 6 años, respectivamente. En la planta primera de uno de tantos bloques de pisos de Sant Boi de Llobregat -al suroeste de Barcelona-, sus padres relatan una larga pelea para conseguir enseñanza pública en castellano para los dos niños, sordomudos profundos. Francisco Arrabal y Encarnación Bazán han decidido tirar la toalla: el padre busca trabajo fuera de Cataluña, la comunidad donde han nacido él, su mujer y los hijos.

En este caso, la paradoja es extraordinaria. Han obtenido financiación pública para sendos implantes cocleares a los dos niños, unos dispositivos electrónicos que se introducen quirúrgicamente en la cabeza y se activan con otro fuera del oído; el sonido sortea las partes dañadas del sistema auditivo y facilita la posibilidad de comunicarse. Pero una vez operados, los niños no han tenido facilidad alguna para escolarizarse en castellano, la lengua familiar (tanto los padres como los abuelos residen en la periferia de Barcelona).

"Reloj", "puerta", "cuadro", "lámpara", son los letreros -en castellano- adosados por la madre a los muebles y objetos de la vivienda para facilitar su identificación por parte de los niños; que en cuanto van al colegio, entran en un mundo en catalán. El Centro de Recursos Educativos para Deficientes Auditivos de Cataluña (Credac), que es el servicio que envía logopedas a los colegios, no les ha proporcionado apoyo logopédico en castellano hasta noviembre pasado, cuando el mayor tenía ya 11 años y "no avanzaba", según su padre.

"Lo pidieron por escrito el 3 de noviembre de 2005 y el 10 del mismo mes estaba resuelto", asegura Carles Mundó, jefe de Gabinete de la Consejería de Educación de la Generalitat. Esta versión contrasta con el sinnúmero de detalles sobre gestiones, idas y venidas previas que aportan los padres, en demanda de enseñanza en la lengua familiar o al menos de apoyo en ese idioma.

No se trata de una familia acomodada. Él trabaja en una empresa de automoción; ella, ex trabajadora de una fábrica de automóviles. En mayo de 2005 intentaron pedir una entrevista al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall; en septiembre dieron con el abogado José Domingo, que les aconsejó quejarse al Defensor del Pueblo. El caso se mencionó en algunos medios de comunicación y una concejal del PP se interesó por ellos.

La inspección de enseñanza trató de convencer a los padres de que era mejor para sus hijos que continuaran estudiando en catalán y que al final iban a ser capaces de saber varias lenguas. "¡Cómo van a aprender en dos idiomas, si hay que repetirles mil veces una palabra para que la identifiquen!", se queja la madre -que ha necesitado asistencia psiquiátrica-. Por fin tiene apoyo escolar en castellano; pero el tiempo corre en contra cuando se trata de la escolaridad. "Imponen la política de inmersión hasta a niños sordomudos. Ni siquiera con ellos hacen una excepción", se lamenta la madre. "No se imagina usted lo que hemos pasado", corrobora el padre.

Puede ser un caso extremo: en Cataluña hay algo más de un millón de estudiantes en 4.000 colegios. La ley proclama el objetivo de que todos sean competentes en catalán y en castellano al término de la educación obligatoria (es decir, a los 16 años). "Y se consigue", sostiene Carles Mundó, de Educación.

Esta afirmación no coincide con las impresiones de varios padres de alumnos, que prefieren no ser identificados: "En Barcelona y alrededores hay colegios bilingües, inglés, francés, italiano, alemán, pero ningún centro público que enseñe exclusivamente en español; sólo hay mayor presencia de castellano en centros privados". Réplica de Educación: "La lengua vehicular de la enseñanza es el catalán para todos los centros. El castellano se enseña en el horario escolar previsto para ello". En su origen, impedir la segregación de alumnos por idiomas fue una idea de la izquierda. En 1981, la socialista Marta Mata defendió una proposición en el Parlamento catalán para evitar la doble línea escolar. El nacionalismo se opuso al principio, pero después lo aceptó, al convencerse de que, en un contexto muy distinto del vasco, permitir colegios en castellano y en catalán podía consagrar la existencia de dos comunidades, con el peligro de fractura.

Esta iniciativa se tradujo en el modelo aplicado a partir de 1983, que tiene amplio consenso político en Cataluña y está avalado por el Tribunal Constitucional desde 1992. El esquema es el siguiente: no hay separación de alumnos por lenguas; los estudiantes reciben normalmente la enseñanza en catalán; el castellano se aprende en forma de asignatura. Hasta ahora ha existido tolerancia -no exenta de problemas puntuales- hacia los profesores que continúan usando el castellano en la docencia.

Dentro de ese modelo, la ley reconoce un derecho a la escolarización del niño en castellano durante la "primera enseñanza", concepto que, según el Constitucional, abarca la educación infantil y los dos primeros cursos de primaria (hasta los ocho años de edad).

Cuando alguien solicita aprendizaje en castellano, el alumno permanece en las clases donde la lengua normal es el catalán y se le habla en la otra cuando el maestro se dirige a él o se le atiende al final. Esto le parece una ilegalidad a Carmelo González, de 45 años, médico en Sitges, que ha requerido formalmente a la directora del centro donde se encuentra su hija Arianna, de tres años, para que "sea escolarizada en español desde el 1 de febrero".

González quiere que su hija aprenda en este idioma, "primero, porque la ley concede ese derecho; y segundo, porque me he dado cuenta de lo mal que escriben en castellano los chavales cuando salen del sistema de inmersión. Además, yo he vivido en muchos sitios y es posible que razones profesionales nos lleven a otro lugar de España dentro de unos años". Según los datos de este padre, su hija está en una clase donde se habla en catalán el 99% del tiempo. "Yo acepto que el catalán sea optativo en toda España, pero que no me hurten el derecho a que mi hija aprenda en castellano", puntualiza.

La consejera de Educación de la Generalitat, Marta Cid, ha declinado comentar estos hechos. Para su jefe de Gabinete, Carles Mundó, "los derechos lingüísticos de esta persona han sido respetados. La maestra habla a los niños en catalán, porque está obligada por ley, pero se lo repite a la niña en castellano puesto que los padres han pedido esa lengua. Lo que sucede es que no se separa a los alumnos en grupos específicos de castellano, porque la ley no lo permite. Además, el número de familias que lo piden es insignificante". Afirma que sólo tres familias demandaron la enseñanza en castellano en Cataluña en el curso 2004-2005. Del actual, no tiene datos.

"El padre del caso por el que usted pregunta pide un maestro sólo para su hija, pero esto no se considera necesario", añade el alto cargo. "Lo que se hace es una atención individualizada por parte del mismo maestro. No se actúa en todos los casos exactamente de la misma manera y cada maestro se organiza. Estamos hablando de niños de tres a ocho años, no se les imparten clases magistrales".

Pero ésta es precisamente la etapa crítica en la que se aprende a leer y los rudimentos de la escritura. ¿En qué idioma se enseña a leer al niño cuyo padre pide enseñanza en castellano? "Al mismo tiempo en los dos idiomas, castellano y catalán". ¿Y a los que vienen de fuera de Cataluña? "Si no conocen el catalán, se hacen adaptaciones curriculares, vengan de Sevilla o de Caracas". Esto es así "no porque lo haya impuesto el actual gobierno. La inmersión escolar en catalán es la misma desde 1983 y fue recogida por la Ley de Política Lingüística de 1998, con pequeñas adaptaciones técnicas. Gustará más o menos, pero el marco legal es el que es", insiste Carles Mundó.

Las entidades Convivencia Cívica Catalana y Asociación por la Tolerancia están en desacuerdo. Consideran que no hay mecanismos para ejercer el derecho legal a la escolaridad en castellano hasta los ocho años y han pleiteado para que se pregunte a los alumnos por su lengua en el impreso de matriculación. La Administración autonómica se niega. Una de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aún reconociendo cierto fundamento en la postura de la Administración, señala que incluir esa pregunta en el impreso de matrícula coadyuva a la efectividad del derecho a recibir enseñanza en la lengua del niño. La Generalitat ha recurrido y en este curso tampoco lo ha aplicado.

El pequeño número de quejas permite descartar que el problema sea importante, a juicio de Joan Jordi Rosell, que preside la Federación de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña. "Hace años nos llegaban casos puntuales de personas que deseaban escolarizar a sus hijos en castellano, pero últimamente no hemos recibido quejas", informa.

Rosell tampoco ve dónde está el drama. "Hay algunos centros de referencia en castellano, o con mayor presencia de esta lengua, donde pueden solucionarse los problemas puntuales que se presenten. Pero la gente que viene a Cataluña ha de entender que el catalán se considera la lengua de este país. Puede haberse producido algún caso en que la Administración no haya estado preparada para resolverlo, pero lo demás me parece una campaña a causa del Estatuto de Cataluña", argumenta Rosell. "No hay ninguna persecución al castellano, todos continuamos hablándolo; los alumnos, también".

Entre los profesores, las opiniones están más divididas. "La integración de los inmigrantes preocupa más que la cuestión de castellanohablantes y catalanohablantes", afirma A. G., catedrática de secundaria, que no recuerda haber presenciado un solo incidente lingüístico. Otros se manifiestan escépticos respecto a la enseñanza pública, en una comunidad donde el 38% de la educación es concertada. "Mis dos hijos son perfectamente bilingües, en realidad trilingües, pero no han pasado por la enseñanza pública, sino por la concertada, al principio, y finalmente por la privada, como único camino de conseguir un poco de calidad", explica Juan José Ibáñez, profesor de enseñanza media. "Lo que me duele es que yo, que soy hijo de un albañil, no hubiera tenido casi ninguna posibilidad en el lamentable sistema educativo público actual, del que formo parte. Ése sí que es el verdadero problema". Y agrega: "La solución correcta hubiera sido la enseñanza bilingüe, de calidad y sin sectarismos".