El defensor del pueblo catalán reivindica la inmersión lingüística
Ribó responde a Múgica, que pide que se proteja el derecho a estudiar en castellano
El Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, defendió ayer la "plena constitucionalidad" de la inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña y recordó que está avalada por el Tribunal Constitucional. Ribó respondía de esta forma al defensor del pueblo, Enrique Múgica, que solicitó que la Ley Orgánica de Educación, ahora en trámite, garantice el derecho de los que quieren estudiar en castellano en comunidades bilingües.
El Síndic explicó ayer en un comunicado que la ley de política lingüística pretende ayudar a normalizar la lengua propia de Cataluña al mismo tiempo que garantiza el respeto escrupuloso a los derechos lingüísticos de todos.
Ribó ha enviado una carta a Múgica tras las quejas expresadas por el defensor del pueblo. Múgica, a su vez, ya ha enviado una carta a la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, para mostrarle su "creciente preocupación" ante la lesión de derechos que sufren quienes quieren usar el castellano "como lengua vehicular" y residen en comunidades autónomas con lengua cooficial.
El defensor del pueblo ha actuado a raíz de unas quejas recibidas desde Cataluña sobre las dificultades de usar el castellano en la enseñanza. Múgica se refirió al caso concreto de dos niños sordos de nacimiento de 5 y 10 años a los que la Administración impone las clases especiales en catalán, pese a la insistencia de los padres de que sean en castellano, la lengua que conocen y usan.
Ribó precisa que sus informes anuales recogen las quejas sobre derechos lingüísticos que llegan a la institución y que la mayoría de ellas hacen referencia a que no se respeta el derecho a usar el catalán en diferentes ámbitos, como la Administración de justicia o la atención de los funcionarios, pero también se reciben algunas sobre la falta de uso del castellano en ciertas Administraciones públicas. Todas estas quejas son investigadas, subraya Ribó.
El Síndic recuerda que la política lingüística es competencia de la Generalitat y que, por lo tanto, su control y garantía se tiene que hacer en el Parlament de Cataluña o en las instituciones que dependen de esta institución, como el propio Síndic de Greuges.
