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Las delegaciones del Gobierno en Aragón y Madrid anuncian la prohibición de manifestaciones para el 20-N

El ministro Rubalcaba recuerda que la última palabra para autorizar las marchas la tienen los tribunales de justicia

ELPAIS.com / AGENCIAS - Madrid - 13/11/2007

 
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Los delegados del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, y Aragón, Javier Fernández, anunciaron ayer que no permitirán marchas de tinte racista o antidemocrático en torno al 20-N, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y tradicional cita para manifestantes de ultraderecha. La prohibición llega tras la muerte de un menor en Madrid, el pasado domingo, cuando se oponía a una marcha de esas características. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba recordó ayer, no obstante, que la última palabra para autorizar o no una manifestación la tienen los tribunales superiores de Justicia de cada comunidad.

En Aragón, Javier Fernández señaló ayer que no permitirá concentraciones o marchas solicitadas por grupos de ideología "antidemocrática, xenófoba o racista" ni para el próximo fin de semana ni en días cercanos al 20 de noviembre, señala El Heraldo.

Hasta el momento tres organizaciones de ideología nazi han solicitado convocar actas para esas fechas en Aragón. Fernández ha señalado que las tres solicitudes han sido rechazadas.

Por su parte, Soledad Mestre, anunció ayer que va a prohibir todo acto susceptible de terminar en disturbios o que puedan costar la vida de una persona, como ocurrió el pasado domingo con la muerte de Carlos Javier P., de 16 años, tras ser apuñalado en el corazón en el metro de Legazpi por un soldado de ideología neonazi.

En el caso de Madrid, el ministro del Interior recordó que "no es infrecuente" que la Delegación del Gobierno prohíba manifestaciones que luego el Tribunal Superior de Madrid "eche abajo", y ha indicado que estaba hablando concretamente de una que va a suceder dentro de unos días, y que la Delegación prohibió y luego el Tribunal autorizó, informa Efe.

Varios partidos políticos, entre otros IU y ERC, así como grupos sociales tales como el Movimiento contra la Intolerancia, han exigido que se prohíban todo tipo de manifestaciones de organizaciones cuyos estatutos contengan ideología xenófoba o racista.


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