La democracia en un solo país
Las vacilaciones y las oscilaciones del presidente Zapatero a la hora de frenar el desbordamiento de las cuentas públicas (desde el superávit de 2007 hasta el déficit del 11,4% de 2009) para hacer así creíble el compromiso de reducir ese desequilibrio al 3% del PIB en 2013 reflejan las contradicciones de un Gobierno deseoso de cumplir sus promesas electorales, pero forzado a la vez a tomar en cuenta las circunstancias cambiantes del entorno.
Como sucede con los cestos de cerezas, las variables económicas se entrelazan de manera irremisible. El desempleo cercano al 19%, la tardanza en salir de la recesión, la falta de competitividad internacional, el desaforado crecimiento de la deuda pública (17 puntos sobre el PIB en los últimos tres años) y la magnitud de la deuda del sector privado están encareciendo el crédito del Reino de España en los mercados internacionales y elevando su prima de riesgo.
La política económica del Ejecutivo de Zapatero se enfrenta con una difícil alternativa
El presidente del Gobierno ha cumplido hasta ahora su palabra de respetar los derechos sociales de los trabajadores: las medidas contra la crisis no han afectado a la prestación de los subsidios por desempleo ni a los servicios básicos del Estado del bienestar. Las agencias de calificación del crédito, los centros decisores de los mercados internacionales y los servicios de vigilancia de la Comisión Europea, sin embargo, advierten sobre los peligros de un elevado déficit público y del endeudamiento necesario para financiarlo, con las correspondientes dificultades para colocar las emisiones en los mercados internacionales y el correlativo encarecimiento de su servicio.
A menos que un espectacular cambio de la coyuntura modificase tan apurada situación, ese contradictorio panorama obligará al presidente Zapatero a elegir entre dos opciones: de un lado, el incumplimiento parcial del compromiso de respetar en su integridad los derechos sociales de sus votantes; de otro, aguantar las embestidas de los mercados internacionales contra las finanzas españolas si el Gobierno no pusiera en marcha las reformas estructurales adecuadas para crear empleo, recortar el déficit, contener el endeudamiento y sanear la burbuja inmobiliaria. La reducción de 50.000 millones del déficit en tres años, el retraso de la edad de jubilación, el aumento de los años de cotización para fijar las pensiones y el proyecto de reforma laboral anunciados la pasada semana parecen iniciar un viraje hacia el ajuste. Sin embargo, la volatilidad no es un rasgo exclusivo de los mercados: también es una conocida característica de la voluntad política del presidente Zapatero.
En cualquier caso, la estrategia seguida por el Gobierno durante la primera mitad de la legislatura no le ha dado a cambio buenas expectativas electorales. El barómetro de enero del CIS, cuyo trabajo de campo concluyó antes de que se desencadenara la semana horrible de los mercados internacionales, sitúa al PSOE casi cuatro puntos detrás del PP. Sin embargo, el remedio podría ser peor que la enfermedad en este caso. Los escarceos del Gobierno con la jubilación han empeorado las perspectivas socialistas: el barómetro de febrero de EL PAÍS ampliaba el domingo en casi seis puntos la ventaja de los populares.
Zapatero se enfrentaría, así pues, a una eventual derrota en las urnas, tanto si resolviera mantener unas promesas electorales de imposible cumplimiento íntegro como si se decidiera a aplicar medidas para asegurar a corto y medio plazo la solvencia del Reino de España en los mercados de la deuda. A dos años de las legislativas en marzo de 2012, sin embargo, nadie las puede dar por resueltas de antemano: Felipe González renovó en 1986 su mayoría absoluta pese a la impopularidad de la reconversión industrial y de la reforma de las pensiones.
Lo único seguro es que la democracia en un solo país asociada al cuerno de la abundancia de los derechos sociales garantizados (un inconsciente homenaje a las respuestas más rosadamente optimistas dadas en el debate soviético post-revolucionario sobre el socialismo en un solo país) no saldría indemne de la crisis si tuviera que recurrir a unas estrategias de gasto, déficit y endeudamiento rechazadas por sus socios europeos y por los mercados internacionales, aunque fuese con el bienintencionado propósito de cumplir las promesas electorales hechas por el presidente Zapatero a sus votantes.
