Las denuncias de 'mossos' por atentado a la autoridad duplican las de la policía nacional

El año pasado, el primero en el que los Mossos d'Esquadra estuvieron desplegados en la ciudad de Barcelona, la policía autonómica presentó en los juzgados 272 denuncias por atentado contra la autoridad. Son prácticamente el doble de las 147 que el año anterior había presentado el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que hasta entonces era el responsable de la seguridad ciudadana en la capital catalana. Aunque no existen cifras oficiales, la inmensa mayoría de esas denuncias acaba archivada o en una falta, al considerar los jueces que son injustificadas.

El Código Penal castiga el delito de atentado contra la autoridad con penas de dos a cuatro años de cárcel y multa de tres a seis meses. El artículo 550 lo define como la acción protagonizada por "los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos".

Se trata de un redactado que permite diversas interpretaciones, aunque siempre ha de existir gravedad en el comportamiento del ciudadano para con el policía.

Sin embargo, la estadística judicial evidencia que los Mossos d'Esquadra -en el centro de la polémica estos días por la difusión de casos de agresión a detenidos en comisaría- pudieron aplicar de manera abusiva el Código Penal durante 2006. Se rompió así la constante tendencia a la baja de ese tipo de denuncias, presentadas hasta entonces por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

En 2002 las denuncias por atentado contra la autoridad fueron 238; en 2003 se presentaron 189; un año más tarde sumaron 158 y en 2005 la cifra se situó en 147 denuncias.

Corrección de criterio

Un portavoz de la policía autonómica reconoció a EL PAIS que el aumento del año 2006 se explica por la aplicación de un criterio que ya ha sido corregido. Al principio de empezar a patrullar los Mossos d'Esquadra por Barcelona era muy habitual que, cuando se detenía a alguien por resistencia o desobediencia a la autoridad, también se le imputase el delito de atentado. En la mayoría de las ocasiones, sin base legal; por eso, cuando el atestado llegaba al juez la acusación de atentado quedaba anulada en muchos casos, al no apreciarse lesiones en el agente que denunciaba.

Otras veces la imputación inicial del delito acababa en una falta recogida en el artículo 634 del Código Penal, que castiga con multa de 10 a 60 días la falta de respeto a la autoridad.

El portavoz policial añade que aquella práctica policial se corrigió a finales del pasado año. Fue entonces cuando se produjo el relevo en el Departamento de Interior y el ecosocialista Joan Saura sustituyó a la socialista Montserrat Tura. El nuevo director general de la policía, Rafael Olmos, dictó una circular para que se cambiara el criterio que se venía aplicando, de manera que los Mossos sólo denunciaran por atentado si el policía había sufrido lesiones.

Cuando finalice el año se podrá comprobar si se ha corregido la tendencia, aunque siguen produciéndose casos. Uno de estos ocurrió el pasado 19 de mayo en Barcelona. Un joven que se manifestaba contra la especulación inmobiliaria fue detenido en la plaza de España acusado de desobediencia y atentado contra la autoridad. Cuando el caso llegó al juzgado de guardia, la acusación de atentado a la policía autonómica acabó en falta. El juez entendió que el relato de hechos del atestado policial resultaba inverosímil. El fiscal ha recurrido.

La magistrada María José Feliu, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, explica que el aumento de denuncias por atentado o los casos de falta de respeto a la policía que se ven cada semana en los juzgados son fruto de la inexperiencia de los Mossos y de la percepción que tiene de ellos la ciudadanía. "Les falta bagaje, y a veces es mejor hacer ver que no oyes un comentario, que oírlo", dice.

"Es un cuerpo que se ha de ir asentando. Con todo, el ciudadano los ve más próximos y se toma más confianzas con ellos de las que se tomaba con los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que seguramente infundían más respeto", añade Feliu.

Jaume Asens, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, afirma: "Los Mossos se encaran más con nosotros de lo que lo hacía la policía". Dos episodios de los últimos meses han acabado en queja oficial. Uno, el de una letrada que acabó a gritos con un mosso que amenazó con detenerla porque le impidió hablar con un menor detenido. Y otro, el de un abogado que acabó en el banquillo porque medió para que un ciudadano se identificase ante los Mossos.