_
_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

El desafío de la economía sostenible

Fernando Vallespín

A las puertas de la presentación de la Ley de Economía Sostenible después del Consejo de Ministros de hoy, esta iniciativa apenas ha dado lugar a algún comentario que estuviera a la altura de lo que significa. Muchos de ellos, además, y sin conocer su contenido, la descalifican ya a priori como un intento fallido por abordar los problemas estructurales de nuestra economía. Esto no deja de ser sorprendente, porque desde que sobrevino la crisis nadie en este país está en desacuerdo con aquello que se busca alcanzar con ella. Otra cosa es que se consiga con más o menos acierto. El sentido de la ley hay que leerlo, en efecto, como una reacción ante la crisis, como un golpe de timón para enderezar el curso de la economía española en bloque; no ya sólo como la continuación de medidas paliativas. Más que en otros lugares de nuestro entorno, la crisis nos ha ubicado ante las deficiencias de un modelo económico que clama por una reorganización estructural. No sólo por nuestra gran dependencia del ladrillo y el turismo. Nuestro problema es la baja productividad y nuestra escasa capacidad para generar valor añadido. Y ahora que por fin vamos a coger el toro por los cuernos y nos apartamos de una decisión de "política rutinaria", parece que casi no nos damos por enterados.

Nadie puede esperar milagros. Esta ley sólo establecerá los fines que es preciso alcanzar

Por lo que ya anticipara al respecto el presidente del Gobierno al presentar sus rasgos fundamentales en el pasado debate sobre el estado de la nación, lo que se pretende es incorporar la dimensión de la sostenibilidad a la economía, sobre todo apostando por la innovación y el desarrollo de la economía del conocimiento. Pero también en su dimensión social, favoreciendo la estabilidad en el empleo y la cohesión social; y, como es obvio, la medioambiental, buscando atajar el cambio climático con la aplicación de medidas de ahorro energético u otras. (Por cierto, algunos desearíamos también que alguna vez se introdujeran consideraciones de "sostenibilidad estética". Ahora que vamos a reestructurar el sector del ladrillo puede ser un buen momento para revertir la fealdad urbana y potenciar el cuidado del paisaje).

Es cierto que nadie puede esperar milagros. Esta ley sólo establecerá los fines que es preciso alcanzar, así como el marco de las reformas e iniciativas que habrán de seguirse para obtener los objetivos propuestos. Es una especie de "ley racimo" de la que colgarán después otras muchas que ya desbrozarán el terreno en los distintos ámbitos sobre los que incida. Y a nadie se le escapa que de lo que se trata a la postre es de establecer un pacto público-privado en el que el sector público es quien tira del carro y marca la hoja de ruta, aunque el motor que nos traslade hasta donde deseamos llegar sólo puede ser el sector privado. La política de hoy se ha "horizontalizado", ya no rige el famoso "ordeno y mando", la "verticalidad" de la política clásica; estamos ante un caso más de la famosa gobernanza, de cooperación público-privada para conseguir la satisfacción de fines sociales. Sin una sintonía fina entre ambos sectores no es mucho lo que acabaremos consiguiendo. De ahí la importancia de que esta ley cuente también con un sustancial consenso económico-social de fondo.

Bajo las condiciones de un Estado complejo como el nuestro, es preciso además que se produzca una adecuada colaboración entre Gobierno central y comunidades autónomas. Al parecer ya hay fecha para que el vicepresidente Chaves convoque pronto la Conferencia de Presidentes y ponga en marcha un esquema de colaboración inter-comunitario. Es mucho lo que nos jugamos, y sólo cabe esperar que el pequeño politiqueo del código gobierno-oposición no frustre algo que está en interés de todos. Confiemos en que no se reproduzcan algunos de los ya conocidos intentos de boicoteo, como el que siguió a la Ley de Dependencia, por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Lo importante, al final, es que toda la sociedad se sienta implicada y se responsabilice de este giro imprescindible en nuestro modelo de crecimiento. Que nuestro actual modelo de desarrollo económico es insostenible es algo que no ofrece dudas. También parece evidente que los desafíos del futuro apuntan hacia una importante reorganización completa de nuestro modo de vida. Quien antes se detenga a reflexionar sobre ello, se posicione y aborde, ¡desde ya!, las reformas pertinentes estará en las mejores condiciones posibles para hacer frente al futuro. Nos jugamos demasiado para seguir con la política pequeña. Ha llegado el momento de pensar y actuar en profundidad.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Fernando Vallespín
Es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_