Las detenciones por el 'caso Andratx' se adelantaron una semana por una filtración

Las detenciones y los registros realizados en el caso Andratx tuvieron que ser adelantadas una semana -estaban previstas para el 4 de diciembre y fueron efectuadas el 27 de noviembre- al constatar los investigadores que los afectados sospechaban que estaban bajo vigilancia. En sus conversaciones empezaron a adoptar cautelas del tipo de "por teléfono, eso no". Ayer, el fiscal anticorrupción, Joan Carrau, presentó un recurso contra la puesta en libertad con fianza del ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (PP) y del ex inspector de obras Jaume Gibert, que a su juicio deben reingresar en prisión, sin fianza.

Para el fiscal Juan Carrau, las fianzas que han pagado Hidalgo (100.000 euros) y Gibert (60.000 euros) para salir de la cárcel son "desproporcionadas", por lo bajas, en relación con el patrimonio que han acumulado gracias a negocios inmobiliarios supuestamente corruptos, que supuestamente asciende a casi dos millones. Gibert, un empleado municipal de la escala salarial baja, "ingresó 800.000 euros no justificados" en cinco años, según análisis de Hacienda citados por el fiscal. La fiscalía ve riesgo de fuga de Hidalgo y Gibert, su posible obstrucción de las indagaciones, destrucción de pruebas o presión sobre testigos e imputados. Ambos se enfrentan a penas de 18 años de reclusión por "delitos muy graves".

Además, para el ministerio público, los autos del juez Alvaro Latorre que dictaron la salida de prisión bajo fianza "no son conforme a derecho", porque el magistrado permitió que los imputados abonasen sus fianzas con dinero procedente de sus cuentas intervenidas y, por tanto, que lograsen la libertad con el fruto de su supuesta actividad delictiva. Los fiscales reclaman el reingreso en prisión de Hidalgo y Gibert porque "la investigación sí que puede ser perjudicada con la libertad" de ambos.

La magnitud del caso Andratx no ha sido calibrada en las diligencias, ni tampoco han declarado ante el juez algunos de los muchos coimputados y testigos. Aún no ha concluido el examen de la voluminosa documentación incautada en los 15 registros efectuados al estallar el caso. La Agencia Tributaria, especialistas de la Guardia Civil, unidades de lucha contra la delincuencia económica organizada y del Servicio de Protección de la Naturaleza trabajan en la búsqueda de pruebas de los supuestos delitos cometidos.

Una vez cubierto el rastreo del patrimonio oculto, movimientos mercantiles, tramas con sociedades pantallas y testaferros, ahora se profundiza en los expedientes municipales de obras y licencias cuestionados donde se cometieron presuntos pelotazos o ilegalidades. Una de las claves está en la documentación con planos actualizados y su contraste con imágenes fotográficas aéreas de los solares donde se han cometido hasta 50 delitos de prevaricación urbanística.

"Por teléfono, eso no"

Según fuentes de la investigación, el dispositivo del caso Andratx estaba previsto para el día 4 de diciembre pero fue adelantado al 27 de noviembre al constatar que los investigados sospechaban que estaban sometidos a escuchas judiciales. Los implicados habían dejado de profundizar en sus manejos durante los diálogos por teléfono, se citaban en despachos y eludían abordar aspectos comprometedores. "Por teléfono, eso no", y "ven a mi despacho", fueron algunas de las expresiones que empezaron a utilizar.

El 22 de noviembre, el juez instructor, Álvaro Latorre, firmó las órdenes de detención y los registros. Tres días después, un sábado por la tarde, el presidente de Baleares, Jaume Matas, recibió en su despacho oficial al entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, quien le expresó, según Matas, sus "inquietudes" por la presencia policial en su entorno.

El secretario general del PP de Baleares y consejero de Interior del Gobierno autónomo, José María Rodríguez, acompañó al edil en la entrevista con Matas. Horas antes, Rodríguez e Hidalgo se citaron en un hotel de Palma. El consejero mantenía permanente contacto con el alcalde de Andratx. Hidalgo está acusado por el juez y el fiscal de destruir papeles, en su casa y en la alcaldía, en el periodo comprendido entre la entrevista con Matas y su detención, el lunes 27. Una cámara de seguridad grabó al alcalde saliendo con cajas del Ayuntamiento.

El caso Andratx se inició a finales de julio, al autorizarse las escuchas judiciales a los sospechosos. Las indagaciones nacieron de las denuncias contra Hidalgo por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente, que encabeza Adrián Salazar. El fiscal Pere Horrach forma equipo con el responsable de Anticorrupción, Juan Carrau. En la causa está imputado Jaume Massot, ex director general del Gobierno balear, y otro director general, Juan Carlos Massot, está denunciado por la fiscalía.

El pleno del Ayuntamiento eligió ayer al nuevo alcalde, Jaume Porsell, del PP, y decidió transferir las competencias de urbanismo al Consell de Mallorca.