18 detenidos por estafar 2,6 millones a la UE con cursos falsos
La Guardia Civil ha detenido a 18 personas en Madrid, Granada y Jaén acusadas de estafa, falsedad documental y fraude de 2,6 millones de euros en fondos de la Unión Europea. La estafa se cometía mediante cursos de formación ficticios o inflando el número de actuaciones formativas. Los detenidos pertenecen a tres sociedades que han utilizado a unos 30.000 agricultores de una docena de municipios granadinos y jiennenses y que firmaban en blanco hojas de asistencia a cursos de productos fitosanitarios, muchos de los cuales no llegaron a realizarse.
La bautizada como operación Isidros ha permitido la detención de 18 personas pertenecientes a tres sociedades. Todas ellas han quedado en libertad y a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Loja (Granada), que instruye el caso. La empresa considerada por la Guardia Civil como la ideóloga es una importante confederación empresarial de Madrid, con más de 20.000 empresas y 100.000 socios en toda España, que era la solicitante y beneficiaria de las ayudas. De aquí han sido detenidos el presidente y uno de los responsables de formación, y otras cuatro personas de otro centro de formación de Madrid.
Captación de alumnos
Pero la mayor parte de los detenidos (12) se ha producido en Jaén y Granada, tres de ellas de una empresa radicada en Canena y los otros nueve (tres de ellos en Jaén y seis en Granada) pertenecientes a otra sociedad con sede en la capital jiennense. Estas dos firmas eran las encargadas de captar a los alumnos para la realización de cursos de productos fitosanitarios. En concreto, los agricultores utilizados pertenecían a localidades como Alcalá la Real, Castillo de Locubín, Torredelcampo, Torredonjimeno, Ibros, Jódar o Arjona (en Jaén) y Loja, Zafarraya, Salar, Huétor Tajar o Zagra (en Granada).
Según informó ayer la Guardia Civil, las pesquisas que motivaron las detenciones, que se ejecutaron entre los días 11 y 14 de diciembre, llevaron hasta una sociedad limitada de Madrid que, en calidad de centro de formación, era la encargada de informar, asesorar y preparar toda la documentación para que las empresas solicitantes accedieran a la convocatoria de ayudas comunitarias para planes de formación continuada. Una vez aprobadas las solicitudes, dichas empresas ingresaban las ayudas en una cuenta bancaria y lo comunicaban al centro de formación; el importe de esas cuantías había que justificarlo documentalmente y el fraude consistía en "inflar" las facturas o justificar gastos inexistentes.
Fueron justificadas 42 acciones formativas de manipulador de productos fitosanitarios, nivel básico. Los alumnos debían firmar diariamente varias veces bajo el pretexto de que tenían que enviarse numerosas copias a diferentes destinos. El encabezamiento era cumplimentado posteriormente.
