Los detenidos en la trama de corrupción ascienden a 16

La Guardia Civil realizó ayer miércoles diez registros simultáneos en sedes del Ayuntamiento de Madrid, en concreto la delegación de Medio Ambiente y la Gerencia de Urbanismo, así como tres juntas de distrito -Centro, Chamberí y San Blas-, además de empresas y viviendas. La operación, bautizada como Guateque, ha destapado una presunta "trama de corrupción".

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, precisó que afecta a 16 funcionarios aunque desconocía el número de detenidos. Fuentes del caso confirmaron esa cifra a última hora de la tarde. Están acusados de presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. En contra de lo dicho por el Consistorio, el Gobierno ha apuntado que también están implicadas personas que no son empleadas públicas. Se trata de abogados y arquitectos, según ha podido saber ELPAIS.com. Funcionaban como "una mínima organización estable" que obtenía beneficios a través del cobro de comisiones.

¿A cuánto ascendían las comisiones?

Así, según Cobo la "inmensa mayoría" son empleados públicos "con muchísimo tiempo" dedicados al Ayuntamiento y entre ellos no figura ningún concejal, alto cargo, director general o personal de libre designación responsables de las áreas registradas. Cobo, que exculpó en todo momento a los concejales, explicó que cobraban comisiones a cambio de agilizar licencias comerciales.

Según fuentes del caso, sobre todo cobraban por retrasar expedientes sancionadores. El vicealcalde de Madrid ha explicado en rueda de prensa que la investigación arrancó "antes del verano" a raíz de la "denuncia de un particular". Cobo ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento ha colaborado desde el principio y "estrechamente" con la justicia, al tiempo que ha señalado que él ha sido el encargado de informar porque es el interlocutor con el juez encargado del caso, José Santiago Torres, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid.

El magistrado ha decretado secreto de sumario. Cobo no pudo precisar la cuantía de las comisiones, al tiempo que hizo hincapié en que la operación se ha lanzado no contra el Ayuntamiento sino contra funcionarios concretos. Al parecer, se trata de empleados públicos con mucha antigüedad.

Según fuentes del caso, en el marco de la investigación se produjeron numerosas intervenciones telefónicas, con unos 10 teléfonos pinchados. Además de las sedes municipales, también se produjeron registros en casas particulares y empresas. Los agentes, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, se incautó de diversa documentación y de ordenadores. "Estamos con el juez", dijo Cobo, que quiso recordar que "la mayoría de los funcionarios son honrados". Para el vicealcalde, la prueba de que los concejales de Medio Ambiente y urbanismo son inocentes es que ocuparon sus cargos en mayo y el cobro de comisiones es muy anterior.

Implicados abogados y arquitectos

En contra de lo que algunos medios habían informado en un principio, "no tiene absolutamente nada que ver con la Operación Malaya ni con operaciones urbanísticas". Tras la intervención de Cobo, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, contradijo la versión municipal al asegurar que la operación "afecta a una serie de funcionarios y gente que no lo son".

El ministro no concretó de quién se trata, pero EL PAÍS ha podido saber que son abogados y arquitectos. El ministro explicó, en los pasillos del Congreso, que esta operación "sigue abierta". Rubalcaba especificó que esta operación se debe a una trama de corrupción urbanística, consistente "básicamente en cohechos y cobro de comisiones ilegales".

Por su parte, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, detalló que funcionaban como "una mínima organización estable" que obtenía beneficios a través del cobro de comisiones por agilizar la tramitación de expedientes para la apertura de locales.

En declaraciones a la Cadena Ser, Moix precisó que los funcionarios investigados integraban "una organización con una estabilidad que permanece en el tiempo y que ha ido realizando una actuación dirigida a obtener dinero".

Fuentes del caso agregaron que usaban intermediarios para la captación y cobro de comisiones. Moix también descartó la "conexión política o relación con la Operación Malaya". El fiscal jefe aclaró que las detenciones practicadas no son por delitos urbanísticos, sino por cohecho.

En cuanto a la cuantía de las comisiones, insistió en que todavía es difícil "cuantificar el monto total del dinero que se ha manejado". "Eso se valorará una vez que analicemos los datos que maneja la Guardia Civil".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado que los funcionarios serán puestos a disposición judicial "probablemente el sábado".