Un dictamen alerta de que el alquiler forzoso de pisos es inconstitucional

Revolcón jurídico al Gobierno de José Montilla. El Consejo Consultivo de la Generalitat considera que es inconstitucional el artículo del proyecto de Ley para el Derecho a la Vivienda que prevé el alquiler forzoso de pisos vacíos. El dictamen jurídico que contiene ese pronunciamiento será entregado esta tarde a la Mesa del Parlamento catalán, que fue quien lo reclamó, a propuesta de CiU y PP.

El informe recoge los votos particulares de varios consejeros a favor de la constitucionalidad del artículo 42.6 del proyecto de ley, que desde su tramitación ha enfrentado a CiU y PP con las tres formaciones de la izquierda (PSC, ERC e ICV) que integran el Gobierno catalán. Tal era la oposición de convergentes y populares que invocaron ese artículo para desmarcarse del Pacto Nacional por la Vivienda que de manera solemne firmó el pasado 8 de octubre el Gobierno catalán con 34 agentes sociales. Se trata de un acuerdo sin precedentes en Cataluña que prevé, entre otras medidas, la construcción de 160.000 viviendas sociales en diez años.

El varapalo jurídico entraña otros matices. Y es que Montilla apostó al inicio de la tramitación del proyecto de ley por eliminar ese polémico artículo para atraer a CiU y al PP y lograr así que fuese unánime el consenso sobre el Pacto Nacional por la Vivienda. Además de eso, los asesores jurídicos de Presidencia ya alertaron sobre la probable inconstitucionalidad del precepto en cuestión.

Pero la postura del presidente de la Generalitat topó con la resistencia de los ecosocialistas de ICV, en cuyas manos está la cartera de Medio Ambiente y Vivienda. Y, sobre todo, con la rotunda oposición de Comisiones Obreras. El sindicato se negaba a firmar el pacto si se eliminaba el artículo de marras. Sólo aceptó suavizarlo, introduciendo más cautelas.

Al final, Montilla optó por no desprenderse de CC OO. "El problema de integrar a los que quedan fuera, ya lo resolverá el Consultivo", confió el presidente a sus colaboradores. Es el escenario que se abre ahora y que con toda probabilidad tendrá plasmación en la recta final de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.

El artículo que el Consultivo considera inconstitucional prevé que la Administración, agotadas todas las vías para el fomento del alquiler de pisos, "podrá acordar el alquiler forzoso de la vivienda previa la declaración de incumplimiento de la función social de la propiedad". El proyecto de ley matiza que esa medida se aplicará únicamente en las zonas donde haya una fuerte y acreditada demanda residencial, pero también advierte de que a los dos años de la declaración del expediente se puede proceder a la expropiación del usufructo de la vivienda para alquilarla a terceros durante un máximo de cinco años.

El dictamen del Consultivo considera que la función social de la propiedad que recoge la Constitución no justifica la expropiación de pisos vacíos para ser alquilados por la Administración y que con esa medida se vulnera el derecho a la propiedad que también recoge la Ley Fundamental. El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat ha invocado precisamente la función social de la propiedad para defender la expropiación forzosa de los pisos. También ha justificado la medida a partir de la sentencia que dictó en 1987 el Tribunal Constitucional avalando la ley andaluza de reforma agraria que cuestionaron 53 senadores de Alianza Popular.

Con la excepción de ese artículo, el dictamen que hoy entregará el Consejo Consultivo avala por amplia mayoría la constitucionalidad del resto de artículos del proyecto que cuestionaron CiU y PP. Entre ellos, que se destine a vivienda social el 20% de los pisos nuevos en suelo urbano que se construyan en Cataluña, la responsabilidad en el mantenimiento de una vivienda por parte del propietario o el sistema de adjudicación de pisos sociales.

Los dictámenes que emite el Consejo Consultivo de la Generalitat no son vinculantes, pero en la mayoría de las ocasiones han sido tenidos en cuenta por el Parlamento y el Gobierno catalán a la hora de elaborar una ley. Uno de los informes que más repercusión ha tenido fue el que emitió ese organismo durante la elaboración del Estatuto de Autonomía. Todas aquellas objeciones se incorporaron al texto en la tramitación parlamentaria. El Consejo Consultivo está formado por siete juristas. Dos de ellos son elegidos por el Gobierno catalán y los otros cinco por el Parlamento autonómico, a propuesta de los partidos y en proporción a su representatividad en la Cámara.