La dificultad de probar el delito

La Fiscalía General del Estado lo denunció hace unos días en su Memoria de 2007: el gran número de acusados de terrorismo islamista absueltos (31 de 63) es "claramente indicativa de las enormes dificultades legales" para "la probanza de unos delitos singularmente enmarcados en el ámbito de la respuesta penal preventiva frente a las células terroristas". Y, salvo en el caso del 11-M, los principales varapalos del Supremo a sentencias de la Audiencia Nacional en casos de islamismo radical han sido, precisamente, por la valoración de pruebas en investigaciones preventivas, cuando las células aún no han actuado. Las principales sentencias correctoras del Supremo sobre islamistas son:

- 'Caso Abu Dahdah'. El alto tribunal redujo en 2006 de 27 a 12 años la condena al líder de Al Qaeda en España, Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, al no demostrarse que participase en la preparación de los atentados del 11-S. El Supremo absolvió a otros tres condenados y mantuvo la pena a 13.

- El 'comando Dixan'. Los integrantes de este grupo, conocido así porque al ser arrestados, en 2003, tenían un detergente útil para fabricar explosivos, fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas de hasta 13 años. El Supremo redujo luego a la mitad las condenas a cinco de ellos por no acreditar suficientemente su pertenencia a un grupo terrorista, sino sólo "la adscripción temporal larga a movimientos extremistas".

- La sentencia del 11-M. El Supremo acordó la absolución de cuatro de los 23 condenados por los atentados de Madrid y redujo la pena a otros seis. Eso sí, condenó a tres años al absuelto Antonio Toro.