Las tres dudas

El pacto genera tres dudas. La primera, ¿dónde está el suelo que debe movilizarse? La Generalitat tiene respuesta. El Instituto Catalán del Suelo está en sectores que serán futuros ensanches de varias localidades, pero no dirá dónde están esos terrenos ante la ola especulativa que puede generar sobre el resto de propietarios de la zona saber que el organismo puede estar interesado en su finca.

Segundo. ¿Cuál será la implicación del Ministerio de Economía y Hacienda? La Generalitat espera arrancarle mejoras fiscales para el alquiler y la rehabilitación, desde la reducción del IVA hasta desgravaciones y más deducciones para pequeños propietarios.

Tercer punto. ¿Cómo y quién pagará todo esto? La respuesta no está tan clara. En el documento, el Gobierno catalán se compromete a aumentar las subvenciones para adquirir o urbanizar suelo para vivienda pública hasta los 24 millones en 2016. Fuentes del Ejecutivo adelantan que esperan crear consorcios con las empresas y cooperativas, y que éstas puedan beneficiarse de ayudas para que la vivienda social les tenga cuenta. Pero UGT, por ejemplo, le ha reclamado ya una memoria económica.