Un empresario de la automoción y el gerente de Sufi, entre los 11 detenidos por supuesta corrupción en Alicante
El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, acude a trabajar tras quedar ayer en libertad
El empresario Rafael Gregori, dedicado a la compraventa de vehículos pesados; el gerente de la firma Sufi; un empleado de mercantil Inusa, y otro empresario de Valencia también fueron detenidos ayer, junto a otras siete personas cuya identidad ya se conocía, en el marco de la operación contra una trama de corrupción político empresarial en el sur de Alicante vinculada al negocio de la basura. El principal arrestado por estos hechos ha sido el presidente de la Diputación de Alicante, José José Joaquín Ripoll, del PP, que salió de comisaría en libertada última hora de la tarde de ayer. El resto de arrestados -los empresarios Enrique Ortiz, Ángel Fenoll, un hijo de este y tres concejales de Orihuela- también han quedado en libertad. Todos comparecerán ante el juez instructor del caso, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, a partir de mañana, según avanzó ayer un comunicado del Ministerio del Interior.
El juzgado dirige desde 2007 una investigación, denominada caso Brugal, por los supuestos delitos de cohecho y extorsión. No obstante, la policía atribuye, según los casos, a los arrestados los supuestos delitos de cohecho tráfico de influencias, prevariación, fraude y encubrimiento.
La empresa Inusa explota el servicio de limpieza de la ciudad de Alicante y pertenece al grupo del empresario Enrique Ortiz, también arrestado por estos hechos. Mientras, la sociedad Sufi es la adjudicataria de la basura del municipio de Orihuela.
José Joaquín Ripoll, a su vez presidente provincial del PP en Alicante, tras quedar en libertad ayer, mantuvo una reunión con sus afines en su chalé, a las afueras de la capital alicantina.
"Una operación digna de la detención de un comando de ETA"
El portavoz de Justicia del PP en el Senado, Agustín Conde, ha calificado de "operación puramenta propagandística por parte del PSOE" la detención ayer del presidente de la Diputación Alicantina, José Joaquín Ripoll, que encuentra "digna de la detención de un comando de ETA".
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha señalado que la detención de Ripoll ha sido uno de los temas tratados hoy en la reunión de la dirección regional del PP madrileño. Aguirre, quien ha asegurado que no quería "entrar en el fondo del asunto, sino en la forma", ha criticado la "utilización partidista de las instituciones del Estado". "Seis camiones de la policía rodearon el Ayuntamiento de Orihuela como su fuera un zulo etarra, una nave de ilegales o un centro de fabricación de droga", ha asegurado. La presidenta madrileña ha concluido que "una detención de 12 horas para un interrogatorio de 10 minutos debe ser expliada", informa Pablo de Llano.
En un curso de verano de la Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez (Madrid), Conde ha explicado: "Nos resulta extraordinariamente extraño que se hiciese la operación policial que ayer se hizo para terminar con 10 minutos de declaración ante el juez y para ser puestos en libertad sin cargos".
En una entrevista en RNE, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respondido a las preguntas sobre la operación policial con críticas al Ministerio de Interior por el supuesto acoso a cargos de su partido (que además, según dijo, deben sufrir el escarnio público de la conocida como pena del telediario); a la justicia por no actuar presuntamente de igual forma en todos los casos; y a los medios de comunicación por centrarse sólo en algunos escándalos.
