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El empresario de las facturas falsas irá a la cárcel por peligrosidad

El condenado pidió pagar una multa en vez de la prisión

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha rechazado la petición de José Pardo, el empresario condenado por las facturas falsas del Ayuntamiento, de que su condena de cárcel sea conmutada por una multa, dada su "peligrosidad" y su "trayectoria delictiva", ya que acumula otras cuatro condenas anteriores, aunque ya canceladas: una de 1985 por coacciones, otra de 1988 por cohecho, una de 1995 por hurto y otra de 1999 por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

José Pardo, que fue condenado a dos años de prisión por malversación de fondos públicos y 21 meses por un delito continuado de falsedad en documento oficial, por haber presentado a cobro al Ayuntamiento de Sevilla, a finales de 2002 y comienzos de 2003, varias facturas falsas. El segundo condenado por este caso, José Marín, secretario del Distrito Macarena del Ayuntamiento, ingresó en prisión el pasado 7 de abril.

La Audiencia dice que los hechos por los que fue condenado Pardo "son de especial gravedad desde el punto de vista del perjuicio causado a la colectividad, que mereció que el Jurado Popular desestimara el indulto y la suspensión de las penas". A la fecha de hoy, añade el auto, aún no ha abonado la indemnización impuesta en sentencia y además cuando el Juzgado de Paz de su localidad de residencia intentó notificarle el requerimiento de pago, la madre del condenado se negó a firmar "por orden de su hijo".

Junto a ello, la defensa no ha aportado ningún dato personal o familiar que justifique la medida solicitada, precisan los jueces. Marín y Pardo fueron condenados por un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento oficial, al pagar seis facturas falsas por obras menores que "no se habían ejecutado o lo habían sido sólo parcialmente".

La sentencia de la Audiencia sevillana fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que también ratificó el importe de la defraudación: 5.901 euros que los acusados deberán devolver al Ayuntamiento, así como una multa de 2.400 euros para Marín, y de 2.160 euros para Pardo.

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