Los encuentros con el Gobierno, según ETA

El 20 de mayo de 2008, la Guardia Civil detuvo en Burdeos a Francisco Javier López Peña, Thierry, jefe del aparato militar de ETA que participó en las conversaciones con el Gobierno para el fin del terrorismo entre el verano de 2006 y mayo de 2007. Thierry guardaba sus actas sobre aquellas conversaciones, que fueron incautadas por la Guardia Civil.

Lo que sigue es un resumen elaborado por la Guardia Civil sobre esos documentos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde se recoge exclusivamente la versión del etarra sobre las conversaciones, que se prolongaron casi dos años, desde julio de 2005, para preparar las condiciones del diálogo y el comunicado de ETA de alto el fuego, hasta mayo de 2007, meses después del atentado de la T-4 de Barajas en el que ETA asesinó a dos ciudadanos ecuatorianos y frustró todas las esperanzas de llevar el diálogo a buen puerto.

Lo que Thierry transcribe en sus actas prueba algunas cesiones que el Gobierno hizo a ETA -supuestas órdenes a la policía y la Guardia Civil para que no hubiera detenciones; dejar en libertad a presos de ETA enfermos; prometer reformas jurídicas para favorecer a reclusos de la banda-, aunque en muchas ocasiones esas cesiones no se hicieron o fueron incompletas. Mientras Thierry escribe que el Gobierno se comprometió a derogar la doctrina Parot, que perjudicaba a presos de ETA, la realidad demostró que el Ejecutivo no hizo nada en ese sentido. Respecto a las detenciones, pese a los supuestos compromisos del Gobierno, la justicia, la policía y la Guardia Civil siguieron deteniendo etarras tras el alto el fuego declarado en marzo.

Las actas de Thierry demuestran cómo el Gobierno dialogó con ETA a la vez que el Partido Socialista de Euskadi lo hacía con Batasuna. Y que las reuniones políticas, según la interpretación del proceso que hizo Thierry, arruinaron la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre ETA y el Gobierno, porque los socialistas se negaron a aceptar que cuatro provincias (Navarra y las tres de Euskadi) tuvieran un estatuto que les reconociera el derecho a decidir, como pedía Batasuna. Durante todo el proceso de negociación, las tensiones entre ETA y los representantes del Ejecutivo fueron constantes. Mientras los etarras denunciaban los continuos incumplimientos del Gobierno, los representantes del Gabinete reprochaban a ETA que no cesaran las cartas de extorsión o el rearme, en relación con un robo de pistolas en Francia que se produjo en plena negociación.

En un momento de las conversaciones después del atentado de Barajas, uno de los interlocutores del Gobierno traslada a ETA que si fracasa el diálogo pasarán muchos años antes de que la situación pueda volver a repetirse. Ahora, ETA da sus últimos coletazos.