El enfrentamiento entre la juez Ayala y la Junta por los ERE, en el Supremo

La juez del caso de los ERE exigió a la Junta de Andalucía 480 actas de acuerdos del Consejo de Gobierno durante una década para evitar que fueran manipuladas. El Gobierno andaluz cumplió, pero recurrió a la Audiencia de Sevilla, que ordenó el miércoles su devolución con duras críticas a la magistrada al considerar que la medida no era "necesaria ni proporcional". Esta ha puesto ya ha disposición del Ejecutivo el armario acorazado con los sobres para que los recoja y acepta el envite de la Junta elevando el caso al Supremo.

La medida de la juez convierte el enfrentamiento entre los dos poderes, como pedía el Gobierno andaluz, en un conflicto de jurisdicción que tendrá que resolver el Tribunal Supremo.

Mientras tanto, y haciendo caso a la resolución de la audiencia, la juez ha dictado una providencia para notificar al Gobierno que las actas están a su disposición y que puede recogerlas sin necesidad de esperar a que señale una fecha específica.

Los cuatro magistrados que firmaron el auto de la Audiencia consideraron los recursos de la fiscalía y del Gobierno andaluz, que alegaron que la medida de retener las actas no era "necesaria ni proporcional", así como que tampoco estaba motivada.

La resolución critica que, en la medida dictada por la juez, excepcional y restringida, no se razona por qué Alaya plantea la posibilidad de una actuación ilegal de la Junta.

El armario de los juzgados contiene 480 actas de la última década que han estado hasta ahora custodiadas en las dependencias del Juzgado de Guardia, donde siempre hay vigilancia policial.