Los espías que siguieron a cargos públicos son empleados de la Consejería de Interior

Los seguimientos en Madrid a cargos políticos del PP contrarios a la línea marcada por Esperanza Aguirre -el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada- se hicieron desde la Consejería de Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid por personal de la Dirección General de Seguridad. Los indicios recaen sobre personas ajenas al colectivo de 40 funcionarios que desempeñan las tareas oficiales. En concreto, sobre uno de los dos equipos especiales de funcionarios que han coexistido en dicha consejería para la realización de tareas delicadas: uno, históricamente al mando de Sergio Gamón y otro, desde junio de 2008, bajo el control del ex policía Marcos Peña.

Dicho personal dejó anotaciones manuscritas sobre los partes mecanografiados para identificar determinadas matrículas de coches que aparecían en los seguimientos. Los agentes escribieron a mano el número de la matrícula y el nombre de su supuesto propietario, que confirmaron, supuestamente, acudiendo a otros servicios policiales. La letra manuscrita que figura en alguno de esos partes coincide con la de al menos una de las personas que está empleada en ese departamento de la Comunidad de Madrid desde hace años, según las conclusiones de los dos informes caligráficos encargados por este periódico.

La caligrafía coincide

Antes de encargar los informes periciales, EL PAÍS tuvo acceso a numerosos documentos originales del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid (formularios de personal y partes de vacaciones o turnos), donde se recogen algunos apuntes manuscritos de funcionarios que trabajaban allí. En alguno de los documentos del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid con los que ha trabajado este periódico, la caligrafía coincide con la que aparece en las anotaciones manuscritas de los partes de seguimiento a políticos, fechados entre marzo y mayo de 2008.

Los peritos a los que ha recurrido EL PAÍS sacan idéntica conclusión tras analizar con diversas técnicas y durante días todos los documentos facilitados por este periódico y que se presentan en estas páginas. "Los textos dubitados [las anotaciones a mano en los partes de seguimiento publicados por este periódico] han sido manuscritos por la misma persona que realizó los textos y firma indubitados [documentos originales de la direción general de Seguridad que se corresponden con distintos formularios y presupuestos donde los empleados escribieron a mano diversas anotaciones]", señalan los informes periciales.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, y los líderes de la oposición en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE) habían defendido la necesidad de ordenar informes caligráficos para determinar la autoría de la letra que aparece en los partes de seguimiento. Pero ni el Gobierno de Esperanza Aguirre ni el juzgado que investiga estos hechos, el numero 47 de Madrid, que acumula las pesquisas iniciales de la Fiscalía de Madrid, se han interesado por la práctica de esta prueba para investigar de dónde procedió el espionaje. El consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, llegó incluso a poner en duda la autenticidad de los partes de seguimiento publicados por este periódico. Pese a que los dos espiados, Manuel Cobo y Alfredo Prada, confirmaron punto por punto que el contenido de los seguimientos se correspondía con sus actividades públicas y privadas de aquellos días.

El autor de la letra forma parte del equipo que hasta hace unos meses trabajaba a las órdenes directas del entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado en 2007 por Esperanza Aguirre. La dirigente madrileña conocía bien a Gamón, pues trabajó en el equipo de seguridad del Senado cuando ella era presidenta de esa institución. Una de las secretarias de Aguirre en el Senado durante aquella etapa era la esposa de Gamón. Cuando en julio de 2008 fue destituido Gamón de su puesto por irrumpir en un despacho de la consejería de Justicia, casualmente de una persona que también había sido espiada algunos meses antes, para sustraer documentación supuestamente delicada, Aguirre ordenó que se le buscase un cargo dentro de la misma consejería de Interior. Le garantizó así que siguiera cobrando más de 90.000 euros anuales. Y el consejero de Interior, Francisco Granados, lo hizo con celeridad. Gamón sólo estuvo tres días en el paro tras ser destituido por supuesto espionaje ilegal de una dependencia de la Comunidad de madrid.

Fractura interna

Unos meses antes de su destitución se produjeron los seguimientos a políticos del PP. En los meses del espionaje, de los que ha quedado prueba documental a través de partes de seguimiento (entre marzo y mayo de 2008), se había desencadenado con especial virulencia la mayor batalla que se recuerda por el poder dentro del PP. Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se había mostrado muy crítica con la dirección del partido tras la derrota electoral y muchos de sus consejeros defendían que había que plantar cara a Rajoy en el congreso extraordinario de junio que se iba a celebrar en Valencia.

En ese ambiente de fractura interna en el PP se producen los seguimientos diarios al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, enfrentado con Aguirre y con el propio Gobierno regional por asuntos políticos y de pura gestión diaria de ambas instituciones. También hay seguimientos más detallados al que entonces era un miembro del propio Gobierno de Esperanza Aguirre, el consejero de Justicia, Alfredo Prada. A Prada, según los partes diarios de seguimiento, se le espía en restaurantes y hoteles y se describe a las personas que le acompañan para tratar de identificarlas, a veces utilizando otros servicios de información de manera ilegal para conocer quienes podían ser los propietarios de determinados vehículos. Prada se situó del lado de Rajoy en la batalla interna del PP y ahora es un cargo orgánico de la dirección nacional del partido. Desde hacía meses, Prada había caído en desgracia en el Gobierno de Esperaza Aguirre. La presidenta pasó de tenerle en el máximo escalafón de su Gobierno, como vicepresidente y consejero de Justicia e Interior, a dejarle sólo con la cartera de Justicia.