El etarra Cubillas trabaja para Chávez desde 2005

Arturo Cubillas Fontán, uno de los seis etarras acusados por la Audiencia Nacional de planificar junto a las FARC un atentado contra el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sigue formando parte del Gobierno de Hugo Chávez. Cubillas Fontán trabaja actualmente como jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras, adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierras; entre 2005 y 2006 fue también director de la Oficina de Administración y Servicios de ese mismo ministerio. A él se le señala, entre otras cosas, haber servido de puente entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en territorio venezolano.

El Ministerio de Exteriores de Venezuela emitió ayer un comunicado en el que se sorprende de que en el auto del juez español se haya omitido por qué Cubillas se encuentra en Venezuela. Y señala que el etarra reside en este país desde el mes de mayo de 1989, producto de los acuerdos alcanzados por los entonces presidentes de ambos países, Carlos Andrés Pérez y Felipe González.

Cubillas no es el único miembro de su familia que trabaja en la Administración pública. Su esposa, la periodista venezolana Goizeder Odriozola, también ocupa dos importantes cargos en la Administración de Chávez: es directora de información y relaciones públicas del Ministerio de Agricultura y de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Pero sobre todo es funcionaria de confianza del ministro y vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua Milano: una de las figuras del Gabinete más radicales y más cercanas a Chávez. Desde 1999, Odriozola ha ocupado varios cargos en el Gobierno, pero el más importante de ellos ha sido el de directora general del Despacho de la Presidencia, en 2006.

Deportado desde Argelia

Cubillas contrajo matrimonio con Odriozola en 1990. Vive en Venezuela desde 1989, cuando fue deportado desde Argelia, y ahora es ciudadano venezolano por naturalización. Por eso, alega su abogado defensor, Mario González, no puede ser deportado España: "No es extraditable porque lo prohíbe expresamente la Constitución".

Fue el mismo argumento que en 2006 utilizó el entonces ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, cuando se planteó la posibilidad de que España solicitara la deportación de Cubillas: "Este señor es ciudadano venezolano. Nuestra Constitución prohíbe la extradición de nacionales. Si [Cubillas] es solicitado [por la justicia española], tendría que ser juzgado en Venezuela", dijo Chacón el 4 de octubre de 2006.