El ex alcalde de Totana compró tres coches y cinco casas en tres años

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) recibió ayer el informe de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro Artero, que instruye la Operación Tótem contra una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad, y en la que han sido detenidas 14 personas, para que pueda ser investigado el ex alcalde de Totana y actual diputado del Parlamento murciano, expulsado del PP, Juan Morales. En este informe, que también incluye el escrito del fiscal José Luis Díaz Manzanera, se asegura que Morales es propietario de cinco inmuebles y tres vehículos de alta gama, según fuentes judiciales citadas por la Cadena SER.

Si Sala de Lo Civil y Penal del TSJM lo decidiese, el parlamentario murciano podría ser procesado por un presunto delito de cohecho. Según varios informes que se encuentran en posesión de la juez, a Morales le resultaría difícil justificar su patrimonio: al menos tres vehículos de gama alta (un BMW, un todoterreno y un Mercedes), tres casas en Murcia y dos inmuebles en Brasil, país de procedencia de su novia, Vaneide Freitas, quien también está imputada.

Difícil de justificar

Según las investigaciones judiciales, Morales adquirió este patrimonio en los tres últimos años, un hecho que la investigación valora como un claro indicio de enriquecimiento personal difícil de justificar ya que el desembolso supera con creces su sueldo como diputado popular y presidente del PP en Totana.

En cuanto al posible cobro de al menos tres millones de euros en comisiones ilegales a cambio de la recalificación de terrenos en la localidad murciana a la empresa gallega Nuaria, la investigación considera probado que Morales tenía en la gestoría de su ex mujer, María del Carmen Jordán, una copia de cada uno de los 70 convenios urbanísticos que firmó cuando era alcalde de Totana, y que todavía no habían sido aprobados de forma definitiva.

Según fuentes judiciales citadas por la SER, Morales podía llegar a cobrar un 30% de las plusvalías que obtuviera la empresa constructora con la recalificación de los terrenos y no se descarta que la gestoría fuera una tapadera de Morales para actividades vinculadas a su actividad política como diputado del PP.