Un excargo del PP devuelve al juez los 11 trajes que le regaló la red Gürtel

Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo valenciana, ha depositado en el Tribunal Superior de Justicia los 11 trajes, cuatro americanas, dos abrigos y un pantalón, valorados en 13.499 euros, que le regaló la trama corrupta Gürtel. Betoret admitió su culpabilidad en julio. En septiembre fue condenado por un delito de cohecho pasivo impropio a pagar una multa de 9.600 euros y a entregar las prendas de vestir o abonar un importe equivalente a su valor. Betoret optó por lo primero y el juez Juan Climent ha pedido ahora a las partes que digan el destino que quieren darle a la ropa.

El exresponsable de Turismo era uno de los tres compañeros de causa judicial del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, que será juzgado por un jurado el próximo 12 de diciembre. En su caso, por haber aceptado presuntamente 25 prendas por valor de 14.021 euros. En el mismo banquillo se sentará Ricardo Costa, ex secretario general del PP regional.

Los socialistas abogan por dar a una institución de caridad las prendas

Betoret confesó los hechos junto al exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos pocos días después de que el juez instructor, José Flors, dictara un demoledor auto de apertura de juicio oral contra los cuatro acusados. Se trataba de una estrategia judicial pactada entre todos. En el último momento, sin embargo, después de varias jornadas esperpénticas, Camps se echó atrás, a pesar de que su abogado ya había entregado al juez su confesión por escrito, que quedó incorporada a la causa, y prefirió dimitir.

El otro autor confeso de haber aceptado sobornos de la trama Gürtel, Víctor Campos, pagó la multa a la que fue condenado así como los 5.529 euros que costaban los dos trajes, dos pantalones, una americana y un chaqué que recibió.

Las sentencias de Betoret y Campos establecieron que Francisco Correa, Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo, "movidos por un interés común y con el fin de ganarse la amistad, el mejor trato y el favor" de autoridades de la Comunidad Valenciana, "realizaron las gestiones necesarias" para hacerles llegar los regalos. Y que los acusados los recibieron en Valencia a sabiendas de que les "eran entregados en reiterada consideración al cargo público" que ocupaban.

La práctica de regalar prendas de vestir para ganarse a políticos no era extraña para la trama. Correa reconoció ante la policía que hizo algo parecido con Arturo González Panero, regidor de Boadilla del Monte (Madrid), a quien apodaba El Albondiguilla y de quien dijo que era "uno de esos alcaldes que no sabían vestir".

En la misma época en que entregaba dádivas a Betoret y a Campos y, supuestamente, a Camps y a Costa, la red Gürtel obtuvo de la Generalitat casi ocho millones de euros en contratos adjudicados a dedo. Buena parte de ese dinero público salió precisamente de la Consejería de Turismo, lo que está siendo investigado en otra causa judicial abierta en el Tribunal Superior de Justicia, que la semana pasada imputó a otros tres altos cargos de la Generalitat. Según la investigación, la red mafiosa captó otros tres millones de euros del dinero que el Gobierno de Camps destinó a cubrir la visita del Papa. Y al mismo tiempo habría facilitado la financiación ilegal del PP valenciano al servir de vehículo a las aportaciones realizadas por ocho empresas constructoras.

El paso dado por Betoret no resulta, en realidad, muy sorprendente. Después de su salida del Gobierno autónomo fue acogido en la Diputación de Valencia por su presidente, Alfonso Rus, bajo el cargo de jefe de Protocolo. Tras su confesión y la dimisión de Camps, sin embargo, fue despedido y volvió a su plaza en la Consejería de Turismo con un sueldo de funcionario y con antecedentes penales. Costa, en cambio, se mantiene como diputado en las Cortes valencianas y es allí portavoz de Economía del PP. Camps, además de diputado (aunque apenas pisa la Cámara), es miembro del Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat, por lo que cobra unos 57.000 euros al año. Campos lleva años alejado de la política, era partidario desde que estalló el caso en 2009 de pagar la multa, y no parece tener problemas económicos.

El diputado socialista Ángel Luna, personado en la causa, señaló ayer que el mejor destino de los trajes de Betoret, toda vez que no pueden ir a las arcas públicas, sería una "institución de caridad que los ponga a disposición de la gente que lo necesita". "Lo significativo", agregó, "es que efectivamente hubo trajes. Y que si el modus operandi era el mismo para los cuatro acusados, todos debieron recibirlos".