El fallo judicial es un duro revés para los radicales y el nacionalismo vasco

La contundente sentencia del Tribunal Europeos de Derechos Humanos de Estrasburgo ha sido recibida como un "avance en la lucha antiterrorista" por el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, y "paso decisivo para acabar con el espacio para los que están con los terroristas", según el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso. A su vez ha propinado un duro revés político no sólo a Batasuna, a la que cierra definitivamente la puerta de su regreso a la política si no se desmarca del terrorismo, sino al nacionalismo vasco en su conjunto, que cerraba filas con la izquierda abertzale en este asunto frente a socialistas y populares.

Aralar, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua no ocultaron su rechazo a la sentencia, pero el PNV pidió tiempo para pronunciarse sobre una resolución que le deja en una situación política difícil. El PNV y, sobre todo, el ex lehendakari Ibarretxe han manifestado reiteradamente que la democracia española es de "ínfima calidad" desde que en marzo de 2003. Aquel mes el Tribunal Supremo ilegalizó a Batasuna, sobre la base de la doctrina de la Ley de Partidos. La izquierda abertzale y el Ejecutivo de Ibarretxe recurrieron la sentencia ante el Tribunal de Estrasburgo.

El PNV consideró la democracia española de "ínfima calidad"

El PNV ha argumentado la dureza de su calificación, durante estos cinco años, en que la Ley de Partidos ilegalizaba ideas y negaba el derecho a voto a una parte de la sociedad vasca. Atribuía la vigencia de la Ley de Partidos a una estrategia electoral de los socialistas para dejar fuera de juego a la izquierda radical y facilitar, de ese modo, la salida del PNV del Gobierno vasco. Este argumento ha sido repetido hasta la saciedad por el PNV desde que PSE y PP pactaron la constitución del nuevo Gobierno vasco el pasado mes de abril.

Ibarretxe y el PNV han utilizado la Ley de Partidos para evitar la beligerancia total contra ETA. Todas las actuaciones de la banda terrorista contaban con la condena de Ibarretxe, pero introducía, sistemáticamente, el recuerdo a la Ley de Partidos para evitar la deslegitimación completa de ETA y su entorno.

El fuerte envite del nacionalismo vasco contra la citada ley, con sus recursos ante el Tribunal de Estrasburgo, ha sido una espada de Damocles para el Gobierno socialista durante estos años. De ahí el alivio con que fue recibida la sentencia por los jueces españoles, el PSOE y el PP.

El juez Baltasar Garzón, que ilegalizó a Batasuna en agosto de 2002 por la vía penal, destacaba ayer que la sentencia "legitima la lucha contra el terrorismo en España". El coordinador del PP en materia antiterrorista, Federico Trillo, añadía que "la sentencia ha dejado en evidencia a Batasuna, que queda así reconocida como lo que es, una organización terrorista".

El socialista Diego López Garrido, uno de los redactores de la Ley de Partidos, dio ayer un paso más: "No sólo reafirma las decisiones del Tribunal Supremo sino que blinda completamente todas las decisiones que se adopten en el futuro en base a la Ley de Partidos". El consejero de Interior vasco, Rodolfo Ares, sacó una conclusión política: "Si los radicales quieren hacer política lo tienen muy fácil si se desmarcan de la violencia".