La familia Couso fuerza a la fiscalía a que se pronuncie sobre las presiones de la embajada

La fiscalía tendrá que pronunciarse sobre los datos revelados por Wikileaks y publicados por EL PAÍS sobre la obstaculización del caso Couso que, supuestamente, protagonizaron dos de sus máximos responsables -el fiscal general del estado Cándido Conde-Pumpido y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza- así como, la ex vicepresidenta del gobierno María teresa Fernández de la Vega y los ex ministros de Justicia (que nombra al fiscal general) y Exteriores Juan Fernando López Aguilar y Miguel Ángel Moratinos. La familia Couso presentará la semana que viene una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la que se recogerán todos los hechos relatados en los cables enviados al Departamento de estado de EE UU desde la Embajada de Madrid sobre este asunto.

La estrategia procesal de la familia es clara. Que sea la propia fiscalía la que analice la posible comisión de delitos e infracciones disciplinarias o administrativas y "se retrate" sobre el comportamiento de sus miembros. En caso de que encuentre indicios de delito, la fiscalía está obligada a plantear el asunto ante los tribunales. En caso de que archiven la denuncia, los abogados podrían pasar al ataque presentando una querella contra los implicados.

Del estudio de esta denuncia, que se presentará la semana que viene, deberá abstenerse, según los letrados de la familia Couso, el fiscal general del Estado, máxima autoridad del órgano ante el que se presenta la denuncia. Enrique de Santiago, abogado de la madre y hermanos de Couso, no quiso atribuir delitos concretos a la actuación de los ministros y los fiscales, aunque esgrimió el artículo 451 del Código Penal, que recoge el delito de encubrimiento de responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad.

"La obligación legal de la fiscalía es la persecución de los crímenes y la defensa de los derechos de las víctimas", ha afirmado el letrado de la familia. "En este caso se ha hecho todo lo contrario: encubrir a presuntos responsables de crímenes graves. Estamos francamente estupefactos con el contenido de algunos cables ". "Nos ha sorprendido que la fiscalía alegue que su obligación es informar a las partes", ha dicho De Santiago. "A nosotros no nos han informado de ninguna gestión y, por otro lado, la embajada no era parte en este procedimiento".

"Todos los ministros que aparecen en los telegramas se habían reunido conmigo", ha señalado por su parte Javier Couso, hermano del cámara, durante una comparecencia en la Asociación de la Prensa de Madrid. "Les pedimos que no obstaculizaran la investigación sobre la muerte de un ciudadano español y nos lo aseguraron, pero nos han engañado vilmente. Estaban conspirando en la sombra. Afortunadamente no pudieron parar el caso. La soberanía nacional la han protegido el Tribunal Supremo y los jueces instructores".

Javier Couso se ha quejado también de la respuesta de los diputados ante las revelaciones de los cables. "Estamos estupefactos de nuestros representantes en el Congreso. Solo dos grupos han pedido explicaciones. A los demás parece que no les importa que nuestros ministros trabajen para una potencia extranjera. ¿De qué nos sirve un pasaporte que pone España?". Couso resumió en tres palabras los sentimientos que han provocado en la familia las revelaciones de Wikileaks: "Horror, decepción, tristeza..."

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