La familia de José Couso afirma, en la denuncia que presentó ayer ante la Fiscalía de Madrid, que los hechos y relatos que aparecen en los telegramas enviados al Departamento de Estado desde la Embajada de Madrid y filtrados por Wikileaks podrían ser indicativos de la existencia de una "conspiración o concierto delictivo" entre fiscales y miembros del Gobierno español y funcionarios de EE UU para tapar el procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional tras la muerte del cámara de Tele 5 fallecido en Bagdad el 8 de abril de 2003 por el disparo efectuado desde un tanque estadounidense. "Los funcionarios y altos cargos españoles", señala el texto, podrían haber actuado conforme a las "instrucciones" de diplomáticos de la Embajada de Madrid, "causando perjuicio a ciudadanos españoles y a poderes constitucionales del Estado".

Los Couso, que no atribuyen delitos concretos a nadie en particular, quieren que la fiscalía investigue unos hechos en los que aparece implicado el propio fiscal general del Estado junto a ex altos cargos del Gobierno como Juan Fernando López Aguilar, Miguel Ángel Moratinos o María Teresa Fernández de la Vega. Cándido Conde-Pumpido aparece en los telegramas como uno de los interlocutores habituales de la embajada, donde habría asegurado, según la versión de la embajada, que hacía "lo posible para que el caso [Couso] se archivara".

El encargado de investigar la posible relevancia penal de estos hechos, teniendo en cuenta quiénes son las personas mencionadas en la denuncia, sería el Tribunal Supremo. Pero la familia Couso ha decidido acudir primero a la Fiscalía de Madrid. "Veremos qué nos dicen ellos y después ya decidiremos el próximo paso", afirma Javier Couso, hermano del cámara fallecido.

La denuncia afirma que de los cables se deduce una posible violación del secreto de sumario; de la prohibición de brindar asesoramiento jurídico (el embajador afirma que Conde-Pumpido le recomendó que contestara al juez aunque fuera de forma "superficial" para que no alegara falta de colaboración de EE UU); y de la obligación de la Fiscalía de perseguir delitos. Menciona también el encubrimiento.

Tras conocer la denuncia, fuentes de la Fiscalía General del Estado recordaron que la familia de Couso fue recibida en noviembre de 2005 por Conde-Pumpido, quien les indicó que la muerte del periodista era muy lamentable pero que el criterio de la Fiscalía era que España no tenía jurisdicción, lo que mantuvieron estando al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tanto Eduardo Fungairiño como Javier Zaragoza, informa Julio M. Lázaro. Las mismas fuentes añadieron que cuando el embajador preguntó por la causa tres años después, se le expuso el mismo criterio.

Javier Couso, sin embargo, afirma que aunque Conde-Pumpido le dijo que no creía en la competencia de los tribunales españoles, le aseguró que si el Supremo dictaminaba lo contrario -como sucedió en 2006- no se opondría a la investigación. "Nos engañó. Siguieron recurriéndolo todo", lamenta.