La familia, de la que se distanció la víctima, pide una indemnización

En 2002, tres años antes de que se produjera el crimen, María Rosario Endrinal Petite ya había sido atendida en un centro de asistencia primaria por su adicción a las drogas y al alcohol. Para entonces ya había decidido vivir en la calle y romper las relaciones con su familia, que ahora está personada como acusación particular. Su abogado, Luis Costa, reclama la misma pena de 28 años que el fiscal para cada uno de los dos acusados, así como una indemnización de 120.000 euros para la madre y la hija de la víctima.

Las relaciones familiares no tienen trascendencia jurídica, pero es inevitable que afloren en el juicio. También ocurrió ayer y precisamente a iniciativa del abogado de la familia, que preguntó a los acusados hasta que el presidente del tribunal le recordó que no venía a cuento.

Con todo, Oriol Plana pudo explicar que había tenido problemas familiares y que su madre entró en una depresión por su ruptura matrimonial. Se truncó así una vida placentera que le permitía acudir a un instituto de la zona alta de la capital catalana. Eran tres hermanos y él se acabó marchando de Barcelona para instalarse en Barbastro (Huesca), en casa de un tío. "No quería que acabara como mi hermano, en un centro de acogida", recordó el joven, que antes había estado durmiendo en albergues públicos.

Finalmente, pudo acabar la ESO y trabajar de camarero. Pero al poco tiempo, su adolescencia se truncó todavía más, porque los tíos también se separaron. "Él me trataba mal, y me acabé instalando en Zaragoza", recordó ayer. Fue a donde se marchó con su amigo, el acusado Ricard Pinilla, la noche que quemaron viva a una indigente.