Las familias del Yak-42 tratan de evitar que el caso prescriba

Tras lograr que la Audiencia Nacional reabra la investigación sobre el caso Yak-42, pese al propósito de los sucesivos jueces instructores, Teresa Palacios y Fernando Grande-Marlaska, de darle carpetazo, las familias de los 62 militares muertos en la mayor catástrofe de la historia del Ejército español en tiempo de paz, se enfrentan a un nuevo riesgo: la posibilidad de que la parte más importante de la investigación, la referida a las irregularidades que rodearon la contratación del avión ucranio, se archive por prescripción del delito. Es decir, por el lento funcionamiento de la justicia.

La Sección de lo Penal ordenó al juez, en enero pasado, que investigara el asunto, por lo que éste citó a varios testigos, entre otros, el ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa, que se acogió al derecho a declarar por escrito, y su sucesor y presidente del Congreso, José Bono, que lo hizo ante el juez.

Sin embargo, el próximo día 26 se cumple un lustro desde el siniestro aéreo y el artículo 131.1 del Código Penal señala que los delitos penados con prisión o inhabilitación de tres a cinco años, como sería este caso, prescriben a los cinco años. Para mayor complicación, el Tribunal Supremo y el Constitucional mantienen doctrinas distintas sobre cuándo se interrumpe el plazo de prescripción, como evidenció la sentencia sobre los Albertos.

Aunque la denuncia se presentó en octubre de 2003, aún no hay ningún imputado por la contratación del vuelo. Este problema no se plantea en las otras diligencias derivadas del caso (las referidas a la falsaria identificación de 30 de los 62 cadáveres) en las que hay tres imputados.

Escritos de imputación

Para subsanar esta carencia, las familias de las víctimas han preparado sendos escritos de imputación. El abogado Leopoldo Torres, que representa a varias viudas y huérfanos, presentó su escrito el día 25, mientras que Leopoldo Gay, en nombre de la asociación que reúne a la mayoría de las familias, lo hará en próximos días.

Ambos piden la imputación de varios mandos militares, incluidos quienes entonces ostentaban los cargos de jefe del Estado Mayor de la Defensa, jefe del Estado Mayor del Ejército y jefe del Estado Mayor Conjunto. En principio, no piden la imputación de Trillo que, como aforado, correspondería al Supremo.