Las familias de desaparecidos de la guerra piden una disculpa al Estado

Parecía un turista, un curioso. Pero Toru Arakawa, el japonés de 70 años que observaba ayer frente a la Audiencia Nacional el trajín de familiares con cajas, maletines y bolsas repletas de documentación sobre las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra, ha ayudado a recuperar algunos de los cuerpos de los represaliados. Sus últimos veranos los ha dedicado a desenterrar una historia con la que nada tiene que ver. Y ayer esperaba frente a la puerta de la Audiencia porque por nada del mundo se habría perdido el gran momento de los hijos y nietos de la barbarie: la entrega de los nombres de 143.353 víctimas, el trabajo de 20 años. Arakawa aterrizó en Madrid el pasado día 16 para compartir con ellos ese instante.

"Hemos sacado los nombres uno a uno. Y aún faltan muchísimos"

Era un día grande para las asociaciones de la memoria histórica. Muchos de sus miembros ni soñaban con algo así. Antonio Ontañón jamás pensó que un día entraría en la Audiencia Nacional para aportar datos de su investigación. "¡Tenía mi libro sobre la mesa! ¡Garzón está leyendo mi libro [Rescatados del olvido]!", exclamaba, orgulloso, tras entregarle el listado con los 2.535 desaparecidos de Cantabria. Tampoco Cecilio Gordillo pensó, cuando se embarcó en el proyecto Todos los Nombres, de Andalucía "para hacer una lista porque no la hacía nadie", que ésta acabaría en manos de un juez.

En cierto modo, atravesar ayer las puertas de la Audiencia Nacional con 143.353 nombres era ya un premio al esfuerzo de muchos años; hasta hace apenas dos, a contracorriente. Pero en medio de la euforia, había también algo de pesadumbre. En el tramo final de su lucha, era inevitable que pensaran en todo lo que habían invertido en ese censo (robándole horas al sueño y a la familia, aguantando incluso amenazas), y en "lo fácil que le hubiera resultado hacer todo esto a la Administración del Estado". Con el orgullo de haber sido capaces, se mezcló la indignación de haber sido los únicos.

"El sistema académico y la Administración han quedado en evidencia. Este trabajo no se puede delegar a asociaciones privadas. Es una labor que incumbe al Estado", declaró un hombre exhausto, Fernando Magán, el abogado que representa a los denunciantes. Paqui Maqueda, de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, afirmó: "No nos hemos sacado ningún nombre de la manga. Han salido uno a uno, con nuestro esfuerzo, entrevistando a los pocos donantes de memoria que quedan. Pedimos al Estado que asuma la búsqueda de desaparecidos, y una disculpa pública que restablezca la dignidad de las víctimas". Ayer llevaron 143.353 nombres, pero "aún faltan muchísimos".