El fiscal de Madrid también arremete contra el 15-M

El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, ha cargado esta mañana contra el Movimiento 15-M al considerar que con sus protestas está ignorando el principio primordial de la convivencia democrática. "Ningún derecho, ni siquiera los derechos reconocidos como fundamentales, es absoluto", les ha recordado Moix durante el acto de apertura del Año Judicial en la región. A renglón seguido, ha indicado que todos los derechos tienen sus límites y el primero es el respeto a los derechos de los demás. Estas críticas se producen después de las hechas hace apenas unas horas por la presidenta madrileña, que los ha tildado de "camorristas" y "pendencieros", los ha comparado con los jacobinos de la revolución francesa y los ha acusado de esconder tendencias golpistas y dictatoriales.

Para el fiscal de Madrid, conductas como la masiva ocupación ilegal de las vías públicas, obstaculizar parlamentos autonómicos o corporaciones locales democráticamente elegidos por los ciudadanos o impedir ejecutar resoluciones judiciales firmes, "deslegitiman a los que así actúan y con ello exteriorizan su ignorancia sobre los valores que deben inspirar la convivencia democrática". Asimismo, ha alertado de que se debe estar alerta sobre "la inmoralidad que podría suponer pretender trasladar a la opinión pública la falacia de que es lícito y hasta bueno realizar actos ilegales al margen de los cauces establecidos por las normas jurídicas".

Estas palabras las ha pronunciado Moix ante la presidenta Aguirre, los vocales del Consejo General del Poder Judicial Gemma Gallego Sánchez y José Manuel Gómez Benítez, así como la de la consejera de Presidencia, Justicia e Interior, Regina Plañiol, el presidente de la Asamblea, José Ignacio Echeverría Echániz, y la delegada del Gobierno, María Dolores Carrión Martín, además los decanos de los diferentes colegios profesionales y otras autoridades judiciales.

Al concluir el acto, Moix ha señalado, a preguntas de los periodistas, que en "una sociedad democrática no se puede ocupar la vía pública porque se quiera" y ha recalcado que hubo "tolerancia mal entendida en general" por parte de las instituciones para resolver esta situación. "Incumplir una decisión judicial puede ser un delito de desobediencia, como también es un delito ocupar ilegalmente una vía pública porque quiero", zanjaba Moix. Carrión ha dicho al concluir el acto que no ha entendido las palabras de Moix como una crítica a su gestión frente a las protestas del 15-M, ya que está "de acuerdo completamente con él". Carrión ha añadido que su departamento ha cumplido en todo momento con la ley y que, cuando no se ha cumplido, la Policía ha identificado a los infractores y ha detenido a las personas que han vulnerado la legalidad.

Previamente, en su turno de palabra y al margen del 15-M, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha pedido que se acometan las reformas necesarias para mejorar la situación de los juzgados y tribunales madrileños, que ha tachado de obsoletos y saturados. En su discurso, Moix ha coincidido con el presidente del TSJM en la necesidad de racionalizar los recursos humanos y materiales disponibles en una época de crisis. Vieira ha comenzado diciendo que "el estado de la justicia en Madrid durante el curso pasado continuó siendo delicado" y volvió a caracterizarse por "la excesiva y desproporcionada carga de trabajo".

Ha explicado que en 2010 se incrementaron los asuntos ingresados "en las materias que directa o indirectamente resultan más sensibles a la crisis económica", mientras que el resto se ha estabilizado. Además, ha incidido en la excesiva carga de trabajo que soportan los tribunales madrileños y ha sostenido que ese problema "no se soluciona sólo con la creación de nuevos órganos judiciales", sino que también hay solucionar "los defectos de gestión generalizados". Además, ha hecho mención al conflicto con los abogados del turno de oficio y ha reconocido que se deben corregir los defectos del actual sistema de ponderación, sin menospreciar "la labor de los letrados que ejercen este servicio". A su juicio, "el sistema actual no permite una ponderación imparcial sobre la probabilidad de ser finalmente estimada la pretensión que justifique la intervención de los tribunales de justicia".